El texto, que llegó a la Legislatura pero todavía no fue tratado en comisión, busca solucionar los inconvenientes provocados por el vacío legal y realizar un manejo racional del recurso; las insólitas situaciones irregulares generadas en Tierra del Fuego por la falta de una normativa que permita el manejo adecuado del recurso.
RIO GRANDE.- El proyecto de ley de Aguas que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura Provincial en junio, tiene como principales objetivos permitir el ordenamiento de las numerosas situaciones irregulares actuales, regular el uso de las aguas públicas provinciales, promover el uso y aprovechamiento racional de los recursos hídricos y propender a la conservación y protección del agua y las cuencas hídricas.
El asunto 130/16 tomó estado parlamentario en la Legislatura en la sesión de julio, fue girado a la Comisión 3, pero aún no fue tratado por los legisladores.
“Hay muchas cuestiones que a nosotros nos resolvería la Ley de aguas, cada artículo nos resuelve un tema, ya que hoy estamos haciendo de manera muy informal todo”, aseguró el director de Recursos Hídricos de la Provincia, Gerardo Noir.
La Ley estuvo a punto de aprobarse en 2008, y a pesar de que era casi un hecho en ese momento, no se aprobó. Las presiones de sectores a los que no les conviene su aprobación –petroleras y estancieros- que no quieren ser controlados ni pagar de más, juegan un rol fundamental.
“Es importante que entiendan que si quieren desarrollar su actividad de manera eficiente y mirando a futuro, necesitan un marco normativo que los ampare y una autoridad que los cuide. Nos ven a nosotros como un enemigo que los quiere controlar y cobrar; y en realidad el agua está para usarla de manera racional y eficiente”, dijo el funcionario.
A continuación, enumeramos doce razones para apoyar la aprobación de la ley, que tienen relación con aspectos de la realidad de la provincia, de protección del agua, irregularidades, desigualdades y pérdidas económicas que se generan por la falta de normativa.
1. No existe una normativa específica en la Provincia que reglamente la utilización del recurso hídrico, la cual permita, al organismo que administra este recurso, la Dirección de Recursos Hídricos, cumplir sus funciones básicas y llevar adelante una gestión eficiente. “Nos va a posicionar de otra forma, nos va a permitir contar con más recursos, más personal técnico especializado, y cuidar el agua de manera mucho más eficiente”, explicó Gerardo Noir.
2. Debido a la ausencia de normativa, no se cuenta con un mecanismo que permita el otorgamiento de concesiones por parte de la Administración provincial, a excepción de las correspondientes a la Autorización y Registro para Usos Especiales de las Aguas Públicas y para el Registro de Obras Hidráulicas. Si bien a través de estos últimos instrumentos administrativos se han podido otorgar permisos por dos años a usuarios del agua pública y registrar las obras hidráulicas vinculadas, los mismos no tienen el respaldo necesario para garantizar una continuidad en el tiempo al usuario a través de una concesión, ni como para efectivizar la regularización de todos los usos existentes y de las obras hidráulicas, ni evitar que se realicen usos u obras no convenientes ni compatibles, ni tomar medidas correctivas cuando algún usuario no cumpla con las condiciones establecidas.
3. No existe ninguna restricción para los usuarios acerca del caudal que se toma, ni regulación de usos para un mismo curso de agua. La Administración no puede por lo tanto, priorizar usos, ni garantizar a ningún usuario la disponibilidad de un caudal y la calidad necesarios para distintos fines. ”Cuando ves el canon de uso de agua que hoy está estipulado por la tarifaria vigente, y el agua les es gratis por así decirlo”, aseguró el director de Recursos Hídricos.
4. A pesar de haberse habilitado en el año 2004 los Registros Provisorios (hasta tanto se cuente con la Ley) de Usuarios de Aguas Públicas, de Organismos de Usuarios y Cuencas y de Obras Hidráulicas, al no existir el marco legal correspondiente, se dificulta que todos los usuarios y todas las obras hidráulicas puedan ser registradas, ya que se apela solamente a la buena predisposición de usuarios y/o constructores. No se pueden tomar medidas contra aquellos que no cumplen con la tramitación para ser regularizados. No se cuenta además, con la normativa contravencional específica para penalizar los incumplimientos derivados de la mala utilización del recurso.
5. Si bien se cuenta con una evaluación general de los recursos hídricos de la provincia desarrollada por la Dirección General de Recursos Hídricos, no existe un Catastro de aguas (Inventario físico formal) asociado a un Registro Público de todos los usuarios, que permita evaluar la disponibilidad real de recurso en ocasiones de caudales mínimos para futuros requerimientos. Esta situación provoca conflictos, sobretodo en el caso de cursos compartidos por más de un usuario.
6. No existe normativa que establezca la fijación de la línea de ribera de los ríos, zonas de evacuación de inundaciones y zonas de riesgo de inundación, imposibilitando realizar un correcto control de la ocupación de cauces y zonas aledañas. “Desbordes de los ríos como la ocurrida hace diez años en el río Grande, podrán ser enfrentados de manera diferente, se requiere de un sistema de alertas y un plan serio de contingencias”, señaló Noir.
7. Actualmente no es posible ejercer regulación ni control de las obras y servicios relativos al agua a través de normativa específica que regule todos los aspectos involucrados en su registro. “Dentro del alambrado esto es mío te dicen hoy algunas estancias, entonces es muy difícil controlarlos”, explicó el funcionario.
8. No es posible propender a la participación ciudadana en el manejo del recurso, dado que no se cuenta con un marco normativo para la creación de consorcios y organismos de usuarios del agua. El proyecto propone la creación de consorcios donde un grupo de usuarios pueden afrontar inversiones en conjunto para el beneficio de todos los integrantes.
9. Algunos de los usos se encuentran contemplados en la Ley Tarifaria; no obstante, al no contar con un mecanismo de concesiones, no se realiza el cobro de regalía por uso del agua pública (excepto en caso del uso petrolero). Cuando se observa el canon de uso del tarifario estipulado por uso de agua por la Ley vigente, “el agua es prácticamente gratis en esta provincia” dijo Noir. A modo de ejemplo, mientras otras provincias como Santa Cruz, recaudan alrededor de 70 millones de año en concepto de agua por el aporte de la actividad agropecuaria y las petroleras “en Tierra del Fuego recaudamos al año no más de 60 mil pesos”. Pero además se dan el lujo de presentar notas en modo de queja: “Esa misma empresa que está acá, paga 3 mil pesos y se queja, pero cruzando el Estrecho de Magallanes pagan 10, 20 o 30 millones de pesos por año y no dicen nada”, sostuvo.
10. En cuanto a las cuencas internacionales (de recursos hídricos compartidos con la República de Chile), la ausencia de concesiones implica que en la negociaciones realizadas a nivel Cancillería, los derechos otorgados en Chile aguas arriba, prevalecen sobre los de usuarios de Argentina, quienes solamente cuentan con permisos provisorios de corta duración. “Esperamos no tener a futuro un conflicto con Chile por la Cuenca del río Chico, porque gran parte del agua que viene de Chile se aprovecha para riego. Si los chilenos un día deciden hacer un canal y mandar el agua para otro lado ¿qué pasa de este lado? Nosotros hoy no tenemos herramientas para defender a nadie sino contamos con una Ley”, explicó Noir.
“Las autoridades hídricas chilenas nos han dicho que en estas condiciones no los pueden considerar como usuarios, nuestros usuarios compran los derechos del agua a 30, 100 años, tienen derechos; pero frente a un conflicto internacional de recursos hídricos compartidos, los chilenos tienen las de ganar. Hoy es todo tan informal que nadie tiene respaldo para nada. Puedo ir a 20 reuniones con Chile pero si no tengo la Ley para ellos no tenemos entidad”, agregó.
11. No es posible promover el uso productivo del agua como factor movilizador de la economía, dado que no se garantiza a los usuarios disponibilidad de agua en cantidad y calidad, ni compatibilización de usos. “Proyectos sobre hidroelectricidad, el agua como favorecedora del turismo, pesca deportiva y las inversiones hoy no avanzan por no tener un marco legal”, dijo el funcionario y aseguró “hay muchas inversiones que se pierden”.
Un solo ejemplo de ello son las embotelladoras de agua mineral, muchas interesadas en venir a Tierra del Fuego. “Hoy tenemos algunas de agua de mesa, pero hay posibilidad de que vengan empresas que darían trabajo. Hoy el 99 % del agua mineral que se comercializa en la provincia viene del Continente y no tienen mejor agua que nosotros, y te preguntás por qué estamos importando agua si podríamos estar mandando agua de Tierra del Fuego que es un sello a nivel del mundo muy importante”.
“Hoy cualquier inversión grande se pierde, nadie se anima a invertir porque te dicen que necesitan ciertas garantías de derecho sobre el recurso hídrico, que no podemos darle hoy bajo ningún concepto al no contar con la ley”.
12. Por último, no es posible realizar la planificación territorial ni la planificación hídrica provincial bajo los principios del desarrollo sostenible, si no se cuenta con los mecanismos para regular el uso del agua, recurso esencial para la vida y el ambiente, presente en todas las actividades productivas.
