La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales a propuesta del Poder Ejecutivo.
BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados tratará el miércoles en el recinto el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el cual sufrirá modificaciones respecto del dictamen de mayoría aprobado el martes pasado en un plenario de comisiones.
El cambio más sustancial será la eliminación del requisito que establece que para convertirse en titular de una procuradoría o unidad especializada el fiscal general debe cumplir con cinco años de antigüedad en ese cargo.
El oficialismo sacó cuentas y verificó que de llevarse a cabo esta cláusula casi la totalidad de los magistrados a cargo de las procuradorías o unidades fiscales especializadas deberán cesar en sus funciones, lo que afectaría seriamente el funcionamiento de las mismas.
En este marco, y a la la luz de las críticas formuladas por la oposición, la Casa Rosada revió su postura inicial e introdujo la modificación a ese artículo, cuya redacción terminará de pulirse en la sesión del miércoles.
Más allá de las objeciones de diputados de la oposición, Abuelas de Plaza de Mayo fue otra de las voces que se alzaron contra este artículo, al advertir que su cumplimiento llevaría al cese de funciones del fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad especializada en el robo de bebés durante la última dictadura.
El jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, también aseguró en declaraciones periodísticas que van a reponer en el proyecto la Unidad Fiscal especializada en Femicidios, que había sido eliminada en el dictamen de mayoría provocando un amplio repudio multisectorial.
En tanto, el Gobierno encomendó a los diputados de su bloque que corrijan parcialmente el artículo que establece que los fiscales que fueron trasladados de sus jurisdicciones deberán volver a sus cargos originales en 48 horas: dicha disposición aplicará solamente para los últimos cinco años, dejando vacantes 12 fiscalías.
La Casa Rosada analizó que si el artículo fuera aprobado como vino en el dictamen de mayoría, en lugar de 12 magistrados serían 37 los que deberían ser repuestos en sus cargos originales, lo que pondría en riesgo la realización de numerosos juicios.
