BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados reactivaría su actividad la semana que viene con trabajo de comisiones, al tiempo que avanzan las tratativas para sesionar el martes 26 o miércoles 27 de enero, aunque Juntos por el Cambio pone condiciones para firmar el acta de renovación del protocolo de funcionamiento remoto.
Sucede que el principal bloque opositor teme que el oficialismo aproveche para tratar la reforma judicial en el período de sesiones extraordinarias.
En ese sentido, exige como condición para prestar consentimiento que el Frente de Todos presente un compromiso por escrito de que no impulsará dicha iniciativa este verano.
El oficialismo podría avanzar igual con la sesión, amparándose en el antecedente de un fallo positivo de la Justicia cuando Juntos por el Cambio se presentó para impugnar una sesión.
El temario para la primera sesión del año todavía no está definido, pero según pudo saber NA de fuentes parlamentarias del oficialismo, se trataría el proyecto sobre sostenibilidad de la deuda pública externa, que establece que el Congreso sea el organismo que autorice el endeudamiento cuando éste exceda los topes establecidos en el Presupuesto.
Además, el proyecto propone que los futuros acuerdos con el FMI tengan que ser aprobados por el Parlamento, a la vez que prohíbe la emisión de deuda para financiar gastos corrientes.
Las otras dos iniciativas en agenda para incluir en el temario de la sesión son el proyecto que crea subsidios por única vez para familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, y otra que dispone beneficios impositivos para la construcción.
Un tema que interesa tanto al oficialismo como a la oposición, y que podría incorporarse a la sesión, es la prórroga de los beneficios impositivos (que expiran en mayo) al sector de biocombustibles, un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Senado.
El inconveniente es que esta iniciativa no fue incluida en el decreto de dictado de sesiones extraordinarias, por lo que Diputados está a la espera de que se dicte un nuevo decreto de ampliación del temario.
Las provincias productoras de petróleo y gas no quieren que salga la prórroga del régimen de biocombustibles porque la ley obliga a las empresas a incorporar en su producción un 10% de combustibles de origen vegetal para biodiesel y un 12% de bioetanol en el caso de las naftas.
“Topo” Rodríguez señaló que aún no firmó el acta de renovación del protocolo no porque esté en desacuerdo con darle continuidad al mecanismo de sesiones mixtas, sino porque el oficialismo no termina de dar un mensaje claro sobre lo que pretende hacer con la ley de biocombustibles, pese a que a fines de diciembre se había comprometido a impulsarlo.
“Está acordado y hay que cumplirlo. Debe tratarse la continuidad del régimen de promoción de biocombustibles, un pilar de la producción federal”, aseguró el presidente del bloque lavagnista.