En medio de un conflicto interno de vieja data, la Secretaría de Ambiente provincial autorizó un plan de manejo forestal dentro del territorio comunitario selk´nam sin convocar a las autoridades legítimas del pueblo. La situación fue advertida por el presidente de la comunidad Rubén Maldonado, quien denunció que personas que no se dedican a la explotación maderera, estaban ofreciendo monte para extraer madera a precio vil.
RIO GRANDE.- El 7 de agosto, la comunidad indígena Rafaela Ishton intimó a la Secretaría de Ambiente de la provincia, a anular el plan de manejo forestal aprobado para la comunidad para el año 2020, “por autorizar la extracción de árboles dentro de nuestro territorio comunitario, a sabiendas de que existe un conflicto interno dentro de la comunidad, sin convocar a todas las partes a una mesa de trabajo, aun cuando el gobernador Gustavo Melella se comprometió con los ancianos de nuestra comunidad a no intervenir en estos conflictos”.
Desde el año 2011, un grupo de jóvenes liderados por las hermanas Daniela y Antonella Guevara, se enfrentó a los ancianos que dirigen la comunidad desde sus inicios, y a partir de ese momento los conflictos comenzaron a recrudecer. En 2016, Daniela Guevara y Mirta Salamanca fueron elegidas como delegadas de Tierra del Fuego ante el Consejo de Participación Indígena, instalando la idea de que la comunidad no tenía autoridades.
La comunidad, que posee personería jurídica registrada, les reprocha haber instalado la idea de la “comunidad acéfala” para usar el nombre del pueblo y cerrar negocios personales ensuciando el nombre de los ancianos, situación que ha generado una catarata de denuncias en la policía y la justicia a lo largo de los últimos años. También se le reclama haber incorporado a los padrones comunitarios a personas que no son selk´nam y que, gracias a la parcialidad adoptada por la Secretaría de Ambiente, hoy se estarían beneficiando con 10 hectáreas de bosque para su explotación. En la última denuncia realizada por los ancianos, se las involucra en la tramitación de un sello de ganado a nombre de la comunidad, a espaldas de la comisión directiva.
“Esta comunidad tiene conflictos internos, pero de ninguna manera está acéfala. En una comunidad con personería jurídica y estatuto aprobado por el INAI, eso es imposible. Sólo la muerte de todos los miembros de la comisión directiva sería causal de acefalía, dado que los mandatos, de acuerdo a nuestro estatuto, no prescriben”, señalaron en la nota dirigida a la Secretaria de Ambiente Eugenia Alvarez y a la que tuvo acceso El Sureño.
El miércoles, la funcionaria provincial respondió a la denuncia y comparó la organización indígena con una mutual o cooperativa. “Espanta la falta de conocimiento de las autoridades sobre el derecho indígena. La respuesta de esta funcionaria es inconstitucional porque no respeta nuestro derecho a resolver nuestros propios problemas. Se meten y toman partido y lo peor, es que manejan dinero en nuestro nombre sin rendir cuentas de nada”, se quejó RubénMaldonado, presidente de la Comunidad, en declaraciones a este medio.
“A la fecha, no pudimos contar con los avances del proyecto, el manejo de los recursos, y técnicos intervinientes. Sólo se nos intentó informar por grupo informal de whatsapp, del que hoy no formamos parte, cuando, como comunidad organizada corresponde que se nos informe por escrito y en forma transparente ya que se trata de manejo de fondos públicos”, le reclamó la comunidad a la funcionaria.
“Gracias a este plan, personas que ya no pertenecen a nuestra comunidad accedieron a 10 Ha de bosque sin dedicarse a la actividad, y a la fecha se encuentran ofreciendo monte a obrajeros y aserraderos que no pertenecen al pueblo, para subarrendarlo a precio vil, permitiendo que cualquier obrajero, aserradero, o empresa multinacional pueda sacar madera de nuestro monte, menos los que vivimos adentro”.
Madonado afirmó que desde hace varios meses “mucha gente de nuestra comunidad se encuentra sin trabajo y no es justo que teniendo tierras, y tanta riqueza, estemos a merced de un estado inoperante. No dieron respuesta ni a uno solo de todos los pedidos que hicimos de manera formal y respetuosa. Desde que empezó la pandemia estamos resistiendo sin trabajo, sin herramientas, sin monte para explotar. Nos dejaron arruinados. Sólo somos cinco familias viviendo efectivamente dentro del territorio, sin servicios. Muchos nos anotamos para desarrollar planes productivos familiares, sobre todo con invernáculos, pero yo no veo que la persona que Desarrollo puso al frente de esos planes, tenga ganas de hacer algo porque hasta ahora no hicieron nada”.
“Durante todos estos meses mandamos muchas cartas, pidiendo antenas para que los chicos que viven en la reserva tengan internet para poder estudiar, pedimos ayuda, porque en invierno se nos van 30 mil pesos en combustible para tener luz. Pedimos monte para trabajar, nos anotamos para el plan Progreso para comprar herramientas. Y nada. De nosotros se acuerdan solo para la foto o cuando nos necesitan”, criticó el presidente de la comunidad indígena Rafaela Ishton.