La denuncia contra el jefe del Estado apunta a que cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto para la construcción del Puente Tarata III y en la compra de biodiésel por parte de la empresa estatal Petroperú.
PERU (TELAM).- La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la república, Pedro Castillo, al que acusó de organización criminal y tráfico de influencias, entre otros delitos, lo que podría derivar en un juicio político al mandatario.
Paralelamente, agentes fiscales allanaron las viviendas de seis legisladores y de una hermana de Castillo y dictaron una orden de detención preliminar contra seis colaboradores suyos, mientras la Policía reveló supuestas gestiones del mandatario para que un exsecretario suyo, acusado de varios delitos y en prisión preventiva, obtuviera asilo en Venezuela.
“La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra el presidente de la república, Pedro Castillo, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes (entradas) del Congreso de la República”, informó el Ministerio Público en Twitter.
“En el Ministerio Público estamos convencidos de que la igualdad ante la ley demanda que todos respondan por sus actos como pieza clave de la administración de justicia; nuestro país vive plagado de corrupción y es nuestro deber erradicarla”, dijo Benavides en un mensaje televisado en el que anunció la presentación ante el Legislativo, según el diario limeño La República.
La denuncia también alcanza a Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes integraron el gabinete de Castillo como ministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente.
Benavides unificó dos casos y sostuvo en la denuncia que el jefe del Estado cometió los delitos de tráfico de influencias y organización criminal al hacer entrega del millonario proyecto para la construcción del Puente Tarata III y en la compra de biodiésel por parte de la empresa estatal Petroperú.
También le imputó colusión agravada y tráfico de influencias en el caso de la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la petrolera estatal.
De acuerdo con la legislación vigente, la fiscal de la Nación solo puede investigar al presidente en ejercicio pero no acusarlo formalmente. El Congreso es el que tiene la facultad de sancionar una acusación constitucional,que puede derivar en el juicio político al mandatario y eventualmente en su suspensión, su destitución o incluso su inhabilitación para la función pública.
La fiscal había abierto cuatro investigaciones al jefe del Estado por presuntos actos de corrupción, todas ellas relacionadas con una supuesta mafia instalada en el gobierno, sospechada de conceder obras públicas a cambio de beneficios económicos.
En el contexto de esas investigaciones, el Ministerio Público realizó hoy varias operaciones.
Este martes por la mañana se allanaron las viviendas y los despachos de seis congresistas del partido opositor Acción Popular (AP, de centro) conocidos como “Los Niños”, investigados de manera preliminar en otra causa por la presunta red criminal que direccionaba licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.