La semana pasada, el juez Federico Vidal desestimó que funcionarios del gobierno anterior hubieran cometido delito al autorizar la ejecución de la emblemática obra en un sector señalado como enterratorio indígena. Sin embargo, para los denunciantes, la decisión del gobierno de Melella de detener las obras y desviar el camino para evitar el impacto, “es lo que se debió haber hecho antes”.
USHUAIA.- Los abogados de la asociación ambientalista Manekenk aseguraron el fin de semana que existen poderosas razones para seguir afirmando que mínimamente hubo desprolijidades, ligerezas y falta de información de parte de los ex ministros del gobierno anterior, a la hora de autorizar la ejecución de la obra conocida como Corredor del Beagle que hoy se encuentra detenida.
Las declaraciones, surgen días después que el juez Federico Vidal, dictaminara a favor de los exministros Leonardo Gorbacz, Luis Vázquez y Gonzalo Zamora, imputados por el fiscal Ballester Bidau, como responsables de la destrucción del patrimonio arqueológico de la provincia, que como funcionarios, debían proteger.
El 27 de diciembre, el titular de la Fiscalía 4 de la capital fueguina Dr. Fernando Ballester Bidau, elevó un requerimiento de instrucción en el que solicitaba investigar la aparición de los restos de una niña del pueblo yagán durante la construcción del tramo I del Corredor del Beagle. Por el hecho, quedaron imputados el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez, y el secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos responsables de la aprobación del estudio de impacto arqueológico y de autorizar el plan de ejecución de obra de la ruta.
No obstante, el juez Vidal, en un fallo que se conoció la semana pasada y que es apelable, entendió que los funcionarios, no cometieron delito al aprobar el estudio de impacto arqueológico y autorizar la ejecución de la obra y que cumplieron en adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio arqueológico y ambiental de la zona.
“La conducta atribuida a los funcionarios sindicados, en supuesto detrimento del patrimonio arqueológico provincial, tampoco se condice con la de quien -como en el caso- decidió contratar los servicios de un grupo de arqueólogos con el fin de revisar y mejorar la información obtenida del Estudio de Impacto Arqueológico inicial y, al mismo tiempo, acompañar el avance de obra en los distintos frentes abiertos para mitigar el impacto y efectuar los rescates de los hallazgos arqueológicos”, dice el fallo.
“Ni siquiera existen indicios razonables que permitan suponer que esos funcionarios públicos hayan obrado con intención de dañar el patrimonio arqueológico del Estado Provincial, requisito ineludible para la configuración de un delito doloso como son los traídos a estudio”, sostiene en el escrito.
“La hipótesis delictiva a la que arriba el agente fiscal sólo se sustenta en una especulación ajena a la realidad de los hechos de la causa, pues nada indica que nos encontremos ante la comisión de alguna conducta con potencialidad delictiva”, sostuvo el juez Vidal al pronunciarse sobre el asunto.
“Hubo omisión”
Para el Dr. Antonio Aciar, apoderado legal de la denunciante Manekenk, existen fundadas razones para seguir sosteniendo la responsabilidad de los funcionarios en el daño cometido al patrimonio arqueológico y cultural de la provincia.
“La resolución del juez, dice “rechazar el requerimiento del fiscal”. Esto quiere decir que el representante del estado en la causa, ha sido coincidente con la denunciante, en cuanto vio la continuidad de la causa e imputó a tres sujetos. Por tanto no se puede opinar que ha sido una denuncia sin sustento, equivocada o falta de información, como dice el fallo”, sostuvo Aciar.
El abogado afirmó que “hay un hecho más material que resulta irrefutable, que es que haciendo la traza de la obra se encontraron restos arqueológicos y no poca cosa, sino el cuerpo de un ser humano joven, que luego fue reconocido por la comunidad yagán como perteneciente a sus ancestros”.
“Si aquellos que diseñaron, prospectaron y ordenaron la ejecución de una obra, no sabían que en el lugar donde se construiría la traza de la ruta había restos arqueológicos, esto es evidencia pura. No pueden decir que quien denunció esto estaba falto de información, o no denunció con la precisión posible”, expresó el abogado.
“No se puede decir que no hubo mínimamente una desprolijidad, una ligereza, o una falta de información por todos aquellos que autorizaron la ejecución de esta obra, porque previo a esto, ha habido estudios, ensayos y consultas a aquellos que son idóneos en materia arqueológica que indicaron que debajo de donde se iba a trazar esa obra, había restos arqueológicos cuya ubicación fue informada previamente. Por ello, no está mal decir que hubo una omisión por parte de la provincia, que tiene la obligación legal de salvaguardar ese patrimonio”, concluyó.
No obstante para el letrado, la decisión del gobierno de Gustavo Melella de paralizar la obra y modificar la traza en el sector donde se produjo el hallazgo de los restos de la niña yagán, es un hecho que marca el error cometido por la anterior administración.
“Independientemente de la decisión que nosotros tomemos en lo que resta al devenir de esta causa, acá está visto que la obra no se va a continuar ejecutando y que existe una posibilidad seria de la modificación de la traza teniendo en cuenta el patrimonio arqueológico de la provincia, que es lo que debió haber ocurrido siempre”, finalizó el abogado.
Hace una semana, la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, ratificó en referencia a la obra del Corredor del Beagle, que: “es decisión de la gestión que el tramo 2 y 3 no se realicen. Tenemos que cerrar la obra, es decir en las zonas que están abiertas y ensanchadas, hacer la colocación de cartelería, de guardarrail, dejar el perfilado terminado de ese tramo de ruta y seguir trabajando sobre el tramo 1”.
“El gobernador se ha comunicado con la empresa a fin de decirles que se va a reevaluar esa obra, para garantizar que se haga el tramo 1 con menor impacto ambiental y arqueológico y cerrar el tramo 2 y 3”, finalizó la funcionaria.