Condenados reclaman poder estudiar

Antonio Darío Ocampo, Brian Villegas, Emiliano Gabriel Ortiz y Andrea Paola González Paduán quieren seguir sus cursos universitarios. La noticia no sería de trascendencia si no fuera porque los nombrados son cuatro internos que cumplen condena de prisión por delitos graves que cometieron en ésta ciudad y ahora pretenden que el Estado les garantice conectividad para poder seguir sus estudios vía online.

Andrea Paola González Paduán.

USHUAIA.- Antonio Darío Ocampo fue condenado a la pena de 22 años de prisión por un homicidio que sucedió el 5 de enero de 2011 y por un antecedente por violación a una joven; Brian Villegas cumple prisión de 13 años por ser partícipe del resonante caso del homicidio del sereno de la Pesquera Beagle, Héctor Nenen. Emiliano Gabriel Ortiz fue condenado a 12 años de cárcel por matar a una joven con su auto mientras corría una “picada” (la llevó a la rastra debajo del auto por diez cuadras); y Andrea Paola González Paduan debe purgar una condena de 10 años de prisión por matar a su hijo recién nacido, en un aberrante hecho que ocurrió el 21 de abril del 2015.

Todos los nombrados cursan estudios universitarios en la UNTDF y en la UCES, los que se interrumpieron a partir de la pandemia de COVID-19 cuando las casas de altos estudios formalizaron las clases vía online. Como el Servicio Penitenciario no les garantizaba conexión a internet, formalizaron sus reclamos vía judicial y pretendieron llegar con su planteo ante la Corte Suprema, pero ello fue desestimado por el Superior Tribunal.

El defensor ante el Superior Tribunal, Dr. Gustavo A. Ariznabarreta, en representación de Darío Antonio Ocampo, Brian Villegas y Emiliano Gabriel Ortiz, interpuso recurso extraordinario federal contra ese pronunciamiento, a lo cual adhirió el Dr. Raúl M. Paderne, letrado defensor de Andrea Paola González Paduán.

El Dr. Ariznabarreta tachó esa decisión de arbitraria al considerar que “lo resuelto impide que sus asistidos continúen con el cursado de sus estudios universitarios, vulnerándose el acceso al sistema educativo” y acompañó un informe del Servicio Penitenciario de fecha 12 de junio de 2020 que descartaría la posibilidad de que los internos puedan seguir sus cursos vía online desde los establecimientos en que cumplen condena.

El Superior rechazó el recurso extraordinario, por inadmisible, al considerar que queda la instancia que un juez subrogante en el Juzgado de Ejecución dicte una nueva sentencia respecto a la pretensión de los cuatro condenados.