BUENOS AIRES (NA).- El acuerdo con los fondos buitre y demás holdouts podría ser el comienzo de una nueva oleada de juicios a nuestro país, esta vez, de parte de los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010, por cifras que van de un piso de 70 mil a más de 200 mil millones de dólares, según un estudio privado.
La conclusión surgió de un estudio del Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz, CESO, que conduce el economista Andrés Asiain.
“Las posibilidades legales corren por dos carriles. Por un lado, por la aplicación de la cláusula RUFO que daba a quienes ingresaron a los canjes 2005 y 2010 el derecho a acceder a una futura oferta mejor”, sostuvo el trabajo.
Explicó que “si bien esta cláusula venció en diciembre de 2014, su aplicación podría ser restablecida si un juez interpreta que Argentina sólo pospuso el pago de una sentencia que estuvo firme cuando la cláusula no había vencido”.
Se trata, reconocen los analistas de “una interpretación bastante poco probables si se tiene en cuenta que en el medio hubo un cambio de gobierno y que la RUFO no debiera aplicarse al pago de sentencias, ya que no constituyen ofertas voluntarias”.
Otra posibilidad es que las demandas se apoyen sobre el entramado legal que dio sustento a las reestructuraciones.
“Tanto las leyes que habilitaron los canjes 2005 y 2010, como la ley de Pago Soberano y los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana de la ONU, votados por 136 países y que Argentina hizo ley propia, señalan que los términos y condiciones financieros que se ofrezcan en futuras reestructuraciones de deuda no fueran iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores que habían ingresado a los canjes anteriores”, manifestó el análisis.