Piden celeridad en las causas por financiamiento de las campañas 2015

BUENOS AIRES (NA).- La Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó a los juzgados federales con competencia en los comicios que resuelvan rápidamente las causas que investigan el origen y destino de los fondos que financiaron las campañas de los distintos partidos políticos en 2015.

El organismo le requirió «a los señores jueces federales con competencias electoral de todo el país la pronta resolución de las causas pendientes en materia de control patrimonial de las campañas electorales» de ese año, a poco del inicio del próximo proceso electoral.

A través de una acordada, la CNE recordó que «la Constitución Nacional impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación» sobre su financiamiento.

Además, resaltaron que es la Justicia federal la que debe llevar adelante el «control de legalidad» de esos fondos y «que tales actuaciones deben, en la teología de la norma, finalizar antes de que se inicie el siguiente proceso electoral».

En este sentido, la CNE detalla que, por ley, los juzgados tienen un «máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los informes finales de campaña y treinta (30) días para la elaboración y notificación» del dictamen correspondiente a los diferentes espacios que compitieron en los comicios.

Por otra parte, la entidad remarca que estas medidas de transparencia están relacionadas también «con los deberes y pautas de comportamiento ético que corresponde al ejercicio de la función pública (ley 25.188) por los candidatos que resultan electos».

La Cámara sostuvo que los funcionarios y legisladores «deberán desempeñarse con observancia y respeto de los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana y deberán proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados».

En esta línea, la CNE indicó finalmente que los tribunales federales tienen «la responsabilidad de asegurar la aplicación de las normas y principios que procuran el conocimiento público sobre las fuentes de financiamiento y gastos efectuados por las agrupaciones políticas».