USHUAIA.- De acuerdo al listado de inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda, hay 10.115 familias que no tienen vivienda propia, de las cuales 5.494 residen en Ushuaia, 4.428 en Río Grande y 193 en Tolhuin; detalla el gobierno, al fundamentar un proyecto de ley que declara “la emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario por el término de 12 meses”, el que podrá se extendido por otros doce meses.
El proyecto tiene carácter de “Trámite de Urgencia”, por lo tanto quedará promulgada durante el desarrollo del receso legislativo, por cuanto está descontando que los legisladores no podrán contar con las voluntades políticas para conformar una sesión extraordinaria y quitar la “urgencia” al proyecto.
Para fundamentar la futura ley, el Ejecutivo Provincial indica que “la agilización de la obra pública tendrá un efecto dinamizador para la economía fueguina”, por lo tanto se buscará afrontar obras a través del mecanismo de contratación directa por un monto de hasta 5 millones de pesos y de hasta 10 millones de pesos para el caso de licitaciones privadas.
En el proyecto se establece que el Instituto Provincial de Vivienda tendrá que “elaborar y ejecutar un plan de trabajo referido a la emergencia para la reparación, refacción, ampliación o reacondicionamiento de las soluciones habitacionales, que se encuentren deshabitadas o no, y fijando el plan de acción para las obras nuevas que deberán ejecutarse durante el año 2017”.
Recuerda el Gobierno que el año pasado “a través de diversas gestiones realizadas por el Gobierno Provincial se logró la autorización del giro a las arcas provinciales de fondos provenientes de programas nacionales destinados, entre otros supuestos, a obras de infraestructura y soluciones habitaciones para las tres ciudades de la Provincia”.
Los mencionados programas nacionales “para su correcto funcionamiento, sumado a los diferentes mecanismos de control que contemplan, prevén plazos de ejecución y rendición de gastos que en la mayoría de los supuestos no resultan compatibles con los mecanismos previstos en nuestra legislación provincial”.
Y agrega que “aun tratándose de obras que sean ejecutadas a través de fondos provinciales”, por la “trascendencia social” que tiene las mismas “resulta a todas luces prioritaria la satisfacción de las demandas edilicias, especialmente aquellos destinados a la atención de las problemáticas de la niñez, vejez y la familia y la ejecución de nuevas obras edilicias y de equipamiento comunitario”.
