BUENOS AIRES (NA).- A lo largo de 2016 «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año» en juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, mientras que hubo una «tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario». Así lo indicó el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que analizó también las dificultades en el trámite de los expedientes y, en ese sentido, advirtió que «es preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio».
Un primer problema que se detalla es que «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año»: el pico histórico se registró en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año, mientras que desde entonces el número descendió (en 2014, se dictaron 21; en 2015, 20, y hasta el 20 de diciembre pasado, un total de 19).
Durante 2016, fueron sentenciados 161 imputados (136 condenados y 25 absueltos), por lo que en comparación con 2015 (117 condenas y 10 absoluciones), esa cantidad se incrementó: sin embargo, solamente, 95 de los 161 imputados sentenciados en 2016 lo fueron por primera vez.
En instancia de debate o plenario, son 248 los procesados que están siendo enjuiciados y 160 de ellos no han sido sentenciados previamente.
La segunda dificultad que señaló el Ministerio Público Fiscal son las «demoras en el inicio y el final de las causas»: según los datos dados a conocer, los plazos extensos de las investigaciones en la etapa de instrucción «tienen efectos concretos en el desarrollo del proceso».
«Nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia», se advirtió.
BUENOS AIRES (NA).- A lo largo de 2016 «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año» en juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, mientras que hubo una «tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario». Así lo indicó el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que analizó también las dificultades en el trámite de los expedientes y, en ese sentido, advirtió que «es preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio».
Un primer problema que se detalla es que «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año»: el pico histórico se registró en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año, mientras que desde entonces el número descendió (en 2014, se dictaron 21; en 2015, 20, y hasta el 20 de diciembre pasado, un total de 19).
Durante 2016, fueron sentenciados 161 imputados (136 condenados y 25 absueltos), por lo que en comparación con 2015 (117 condenas y 10 absoluciones), esa cantidad se incrementó: sin embargo, solamente, 95 de los 161 imputados sentenciados en 2016 lo fueron por primera vez.
En instancia de debate o plenario, son 248 los procesados que están siendo enjuiciados y 160 de ellos no han sido sentenciados previamente.
La segunda dificultad que señaló el Ministerio Público Fiscal son las «demoras en el inicio y el final de las causas»: según los datos dados a conocer, los plazos extensos de las investigaciones en la etapa de instrucción «tienen efectos concretos en el desarrollo del proceso».
«Nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia», se advirtió.