El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que la determinación se tomó luego de que el objetivo de la investigación estuviese concluido.
BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno eliminó ayer la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había sido creada por el presidente Javier Milei para examinar las denuncias sobre la promoción de la criptomoneda Libra, al argumentar que logró cumplir con la «tarea encomendada».
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 332/2025 y lleva la rúbrica del mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
«El Gobierno considera que la información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25», argumentó la administración libertaria a través del escrito oficial.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que la determinación se tomó luego de que el objetivo de la investigación estuviese concluido.
«La ley dicta que una vez concluida la tarea… y la tarea se terminó», atinó a justificar el funcionario en diálogo con la prensa en su ingreso al evento AmCham Summit, aunque se retiró sin ahondar en detalles.
La UTI se había creado a raíz de lo acontecido el pasado 14 de febrero cuando Milei utilizó sus redes para promocionar la moneda virtual que generó decenas de pérdidas millonarias.
Minutos después de la viralización de esa criptomoneda, los creadores de la memecoin retiraron su inversión, lo que generó una abrupta pérdida de valor.
El episodio dio lugar a la rápida reacción de los damnificados que calificaron el hecho como una «estafa virtual» (rug pull).
Incluso, en Estados Unidos hay una demanda colectiva que acusa al Presidente libertario de llevar adelante «una promoción engañosa».
A Milei se lo señala también por haber actuado con «negligencia» ya que la difusión pública amplificó los canales de inversión.
La desarticulación de la unidad no afectará la investigación penal del Ministerio Público Fiscal para establecer si hubo delitos económicos o conflictos de intereses vinculados a funcionarios del Poder Ejecutivo.