El 12 de abril, día en el que una multitud en Buenos Aires le decía basta a la corrupción de algunos sectores de la justicia, la empresa Transporte Roanmat SRL presentó el Recurso Extraordinario Federal, apelando la sentencia absurda dictada por dos de los integrantes de lo que pareciera ser el Superior Tribunal de la Injusticia de Tierra del Fuego, que declaró válida la ley N° 597, cuando todos los abogados del país saben que esa ley viola la Constitución Nacional, de manera que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la declare inconstitucional.
Esta sentencia insólita y arbitraria es contraria a derecho porque avasalla los legítimos derechos adquiridos contractualmente por la empresa, pero lo que es más grave es que avala a los beneficiarios de las adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en Tolhuin, que vienen utilizando esta ley trucha para justificar esas adjudicaciones ilegítimas, permitiendo asimismo un colosal negocio inmobiliario , y es una represalia en contra de la empresa, que se atrevió a enfrentar y a defenderse de los que les quieren robar el sacrificio de casi una vida, pretendiendo disciplinar y demostrar que desde el máximo órgano de justicia provincial , se puede hacer lo que se les dé la gana.
En consecuencia no fue una sorpresa , por lo menos para este letrado , que la gobernadora después de dictado el fallo , declarara al Diario El Sureño del 1° de abril, que felicita al Poder Judicial por “la interacción permanente con el poder ejecutivo”, cuando se supone que en democracia , debe existir independencia entre los tres poderes del estado.
Como abogado siento vergüenza ajena por este fallo, y me llama mucho la atención que María del Carmen Battaini, a quien días pasados le fuera ofrecida la presidencia del Foro Patagónico de Jueces, fallara en contra de la empresa cuando ella pudo comprobar personalmente, el despojo y la destrucción de las inversiones efectuadas por la empresa en las Termas, en oportunidad de una visita ocular por ella efectuada.
También me resulta llamativo, que en el año 2006 omitiera declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley 597 cuando es la Constitución Nacional la que la obligaba , cuando le presentaron el convenio para su homologación judicial que introducía esta ley ilegítima, y que lo es, porque le prohíbe a la empresa lo que tiene otorgado por contrato.
Es sugestivo también que no se aceptara la inhibición de Javier Darío Muchnik y que el citado emitiera su voto contra la empresa, cuando la hermana de este ministro del Superior Tribunal , es integrante del Estudio Jurídico Aramburu-Muchnik que fueron los abogados de la empresa en la causa N° 1425/01 desde el inicio, y es llamativo que Aramburu , que era el abogado de la empresa en aquella época cuando le pidió al Superior Tribunal junto con el Fiscal de Estado, que se homologue judicialmente el convenio que introducía esta aberrante Ley 597, curiosamente no lo firmara a ese convenio en el 2006, y es este mismo abogado, es el que integraba el Consejo de la Magistratura en representación del Estado provincial durante el gobierno de Fabiana Ríos, cuando Muchnik fue designado en el Superior Tribunal. Estos son los hechos, que cada uno, saque sus propias conclusiones.
No puede dudarse ni de la inconstitucionalidad de esta sentencia, ni de su enorme injusticia, y menos aún de su desconocimiento profundo de principios, normas y valores constitucionales, que la convierten en un lamentable ejemplo de arbitrariedad, que sin duda alguna va a ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En consecuencia, ni la empresa ni el Estudio Jurídico que la representa, van a convalidar jamás lo que sea contrario a derecho, y menos aún cuando el atropello viene del máximo organismo del Poder Judicial de la Provincia, que llega al despropósito de violar la Constitución Nacional, para legitimar el despojo contra una empresa familiar que apostó al futuro, invirtiendo de su propio bolsillo.
Sin justicia no hay república, y lo peor que puede hacer un juez, es no hacer justicia y confundir a un ladrón, con una persona honrada.
LUIS DANIEL MERLO- Abogado Mat. N° 17