USHUAIA.- Mañana, a partir de las 17:00, en el recinto del Concejo Deliberante, los vecinos podrán exponer sus posturas sobre la iniciativa de la Municipalidad de llevar adelante una empresa estatal para brindar el servicio público de transporte de pasajeros, para lo cual es clave la autorización del Concejo Deliberante al pedido de un empréstito de 35 millones de pesos para la compra de colectivos.
En Audiencia Pública, la comunidad tendrá a disposición una nueva instancia de participación de un tema que resulta clave para la gestión Municipal, que tiene cifradas expectativas de lograr el objetivo de solucionar los constantes problemas que aquejan a los usuarios de colectivos.
Luego de la audiencia de este jueves y culminado el plazo para la presentación de las ponencias escritas la ordenanza pasará a integrar el boletín de asuntos de la octava sesión ordinaria que se realizará el próximo 21 de septiembre, y requerirá para la sanción definitiva 5 votos afirmativos (mecanismo de segunda lectura).
Posturas divididas
El asunto del empréstito fue aprobado en primera lectura con los votos afirmativos de los concejales Juan Carlos Pino y Hugo Romero (FPV), Gastón Ayala (MPF) y Silvio Bocchicchio (PSP); en tanto se expresaron por la negativa los ediles Juan Manuel Romano (UCR), Ricardo Garramuño (MPF) y Tomás Bertotto (PRO).
Cabe recordar que el concejal Pino había remarcado que el problema del transporte debía tener una resolución urgente, y había recordado que las dos empresas que tuvieron a cargo el servicio (Tailem y Autobuses Santa Fe) no cubrieron las expectativas, y por ello defendió la municipalización del servicio.
En la séptima sesión los concejales Ayala y Bocchicchio compartieron el criterio de Pino aunque el mopofista condicionó el acompañamiento en segunda lectura a la presentación de información ampliatoria, específicamente económicas.
En tanto, entre otros aspectos, el voto negativo del concejal Juan Manuel Romano radicó en que el destino de los fondos pretendido por el oficialismo colisiona con lo estipulado en el artículo 98 de la Carta Orgánica, entendiendo que los mismos no pueden destinarse a la compra de colectivos bajo el principio de que las administraciones públicas no pueden hacer lo que no esté expresamente permitido por las normas, por cuanto lo que no lo está se entiende prohibido.