Se trata del caso de la joven Analía Patricia Farfán de 17 años quien falleció el 25 de septiembre del año 2000, a causa de la infección que le produjo la práctica abortiva desarrollada en la clandestinidad. Por ese caso hubo dos condenas.
RÍO GRANDE.- La polémica en torno al proyecto de legalización del aborto encuentra en la historia judicial de esta ciudad un único antecedente traducido en un caso judicial que se precipitó a partir de la muerte de la chica que se lo practicó de manera ilegal. Por ese hecho fueron condenadas la mujer que practicó el aborto y la madre de la menor que no le brindó asistencia médica necesaria ante la infección que la mató días después.
Se trata del caso de la joven Analía Patricia Farfán de 17 años quien falleció el 25 de septiembre del año 2000, a causa de la infección que le produjo la práctica abortiva desarrollada en la clandestinidad.
Por ese hecho fueron detenidas Alejandra Liliana Churquina quien al año siguiente fue condenada a la pena de 9 años de prisión y Teodora Castro, recibiendo de parte del Tribunal de Juicio la pena de 7 años, como madre de la menor fallecida.
Churquina fue condenada por el delito de “aborto consentido” al ser la practicante de la maniobra que nunca se pudo determinar en dónde se realizó, siendo responsabilizada además de instigar el abandono de persona de la joven a fin de mantener impune su práctica.
La madre de la menor, la imputada Castro, fue condenada a 7 años de prisión por el delito de “abandono de persona seguido de muerte calificado” por su condición de familiar directo, dado que tras el aborto la joven manifestó diversos malestares, a pesar de los cuales no la llevó al médico sino hasta el día 25 de septiembre, cinco días después del que se presume fue el momento del hecho.
La joven entró en una sepsis total a la guardia hospitalaria donde murió producto de la desaprensión y total falta de cultura y educación de su madre, quien tuvo como atenuante que era una mujer totalmente analfabeta nacida y criada en el campo en su Bolivia natal.
“Abandonó a su suerte a su hija menor de edad, toda vez que pese a su estado infeccioso, no procuró la debida asistencia médica de la misma, poniendo así en severo riesgo su vida, la que efectivamente perdió, pues cuando la trasladó al Hospital Regional de Río Grande, casi ninguna práctica médica que asegurase algún grado de éxito podía efectuarse. Obviamente el deceso tiene su origen en la infección generalizada que la afectó y que se fue acrecentando con el correr de los días, ante la inacción al respecto de su progenitora”, sostiene el fallo que cerró esta causa cuando el 21 de febrero de 2002 la causa concluye con el fallo del Superior Tribunal de Justicia rechazando los recursos de casación.
Un caso que resulta un verdadero alegato en relación a esta joven que perdió su vida a causa de vivir sumida en un mundo de marginalidad y pobreza.