“El lugar era un aguantadero de borrachos y no se podía vivir”, dijo el joven que fue desalojado junto a su familia y lo mismo confirmaron los vecinos. De todas maneras, el juez Daniel Cesari Hernández resolvió el desalojo del lugar, y lo hizo usando la fuerza pública. Ahora los perjudicados piden una solución al problema que les han generado.
RIO GRANDE.- Diego Yurquina, su mujer Yésica, y sus hijos de 1, 3, 11 y 12 años, ingresaron a ocupar una precaria vivienda de madera ubicada en Koyuska 628, hace un año y lo hicieron a pedido de los mismos vecinos del lugar, porque el inmueble estaba abandonado y era lugar donde se juntaba gente a consumir bebidas alcohólicas.
Hace pocos días apareció un supuesto “propietario” de la vivienda (se trata de una zona de la ciudad donde todos se encuentran asentados en situación irregular) y recurrió al Juzgado de Instrucción Penal para que la familia sea desalojada. Tras la presentación, el juez de Daniel Cesari Hernández emanó una orden que fue cumplida ayer por personal policial de la Comisaría Cuarta.
Diego contó que “vino la Policía, nos sacaron, levantaron a los chicos que estaban durmiendo y nos dijeron que nos teníamos que ir o harían uso de la fuerza pública. Mi señora fue al juzgado para que nos den una solución por el momento para que los chicos no estén en la calle”.
El joven lamentó incluso que, en el lugar, había edificado con una estructura de hierro y cemento, un espacio para “para darle un lugar mejor a mis hijos”.
En relación a la orden de desalojo nadie puede encontrar una explicación sobre cuáles son los fundamentos que llevaron al Juez a adoptar esa medida.
“Estos son todos terrenos en conflicto de la esa sociedad Activa y nadie tiene papeles de nada, el que dice ser el dueño de esta casa nunca la estuvo habitando porque de hecho esto era un aguantadero de borrachos, hay muchos vecinos con conflictos de desalojos y la Justicia no los resuelve y este caso sí. Es indignante”; dijo un vecino que no podía creer la actitud del juez.
La mujer y los cuatro pequeños se trasladaron al Juzgado en busca de una respuesta social al problema que le generó la decisión del juez Cesari Hernández; en tanto se esperaba la acción por parte de autoridades de Gobierno o Municipalidad para darle contención a la familia.
