Investigadores trabajan de forma articulada con comunidades originarias en el contexto de la cuarentena. Buscan capitalizar las lógicas organizativas y el patrimonio cultural indígena para problemáticas estructurales que afectan a estos pueblos y que se potenciaron en los últimos meses.
BUENOS AIRES (Agencia CTyS-UNLaM).- El informe publicado en junio sobre pueblos originarios y coronavirus mostró las problemáticas que sufren estas comunidades, como dificultades para acceder al sistema de salud, déficit habitacional, falta de agua y discriminación y violencia institucional. Cuestiones que venían desde antes, pero que se potenciaron con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
En este contexto, y de forma complementaria a ese informe, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) trabaja de forma articulada con comunidades originarias para elaborar soluciones conjuntamente. “Con este proyecto, que dirigimos junto a Alejandro Martínez, planteamos que hay una necesidad de valorar las formas organizativas y los conocimientos de las comunidades y pueblos indígenas, subrayando su lógica colectivo-comunitaria”, señaló Carolina Maidana, integrante del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) de la UNLP y directora del proyecto.
La propuesta de la Universidad de La Plata fue uno de los 137 proyectos seleccionados por la convocatoria “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” y está integrado por investigadores, docentes, becarios/as, estudiantes y referentes de tres comunidades: Qom, avá guaraní y tonocoté. Las dos primeras son de la periferia platense y, la tercera, de Florencio Varela.
El grupo de investigación buscará, junto a las comunidades, debatir e identificar problemáticas para luego poder definir políticas públicas que atiendan las necesidades y los derechos de los pueblos originarios.
“Planteamos la importancia de generar mecanismos de participación, mediante los cuales las organizaciones de pueblos indígenas puedan vincularse con los distintos funcionarios y técnicos de la administración pública”, afirmó Maidana, al tiempo que remarcó la importancia de “pensar en políticas públicas que tengan en cuenta las particularidades socioculturales, económicas y ambientales”.
Erradicar prejuicios
Según el último Censo Nacional, alrededor de un millón de habitantes de Argentina se reconoce como pueblos originarios. En la región Metropolitana de Buenos Aires, esa cifra llega a 250 mil personas, pertenecientes a algunos de los 40 pueblos indígenas que actualmente se reconocen en nuestro país. El problema, señala la investigadora, es que esta presencia muchas veces no es reconocida.
“Hay un fuerte prejuicio de que los pueblos originarios ‘no existen más’ o que sí los hay pero en áreas rurales. Es necesario revisar esos imaginarios y factores que conducen al racismo. El capitalismo se ha valido de ese proceso para poder expropiar territorios indígenas al descalificarlos, considerarlos inferiores o directamente negarlos”, analizó Maidana, investigadora del CCT- CONICET La Plata.
Con la llegada del ASPO, algunas problemáticas se acentuaron. “Son cuestiones que ya venían de antes, pero de alguna forma se exacerbaron. En el AMBA en particular, lo que notamos fue que se paralizó enormemente el empleo informal, que es uno de los principales ingresos de las comunidades. También quedó en evidencia el hacinamiento o las dificultades para acceder a la entrega de alimentos y medicamentos”, señaló la antropóloga.
Protocolo
Tanto este proyecto de investigación como todos los vínculos que se tendieron entre investigadores y comunidades originarias en tiempos de pandemia no son nuevos. Fundado a mediados de los ’90, el LIAS nació a partir del acompañamiento a un proyecto de autoconstrucción de viviendas de familias qom, en la periferia de La Plata.
“La directora del laboratorio, Liliana Tamagno, fue la que inició ese acompañamiento a través de un proyecto de extensión de la UNLP que incluía hacer un seguimiento audiovisual de cómo se gestaba la autoconstrucción”, rememoró Maidana. El proyecto, finalmente, terminó con 36 unidades habitacionales realizadas y pudo plasmar la lógica comunitaria que caracteriza a este colectivo.
“Ese fue el punto de partida. A lo largo de estos casi 30 años, fueron muchos los proyectos financiados por la UNLP, por el CONICET y por el MINCyT. Proyectos, además, que nos permitieron compartir espacios de reflexión, jornadas, talleres y trabajo en conjunto con las comunidades. El vínculo se fue haciendo cada vez más fuerte, y generando a su vez diálogo con otras comunidades y obteniendo una verdadera producción conjunta de conocimiento”, amplió Maidana.
Uno de los hitos recientes del LIAS, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, fue la realización de un protocolo de actuación, presentado en 2017 a partir del vínculo con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
“El protocolo tiene una serie de consideraciones que fuimos elaborando a lo largo de este recorrido junto a los pueblos originarios y nos permite hacer una serie de recomendaciones a la hora de abordar la cuestión indígena”, detalló la investigadora.
Este protocolo y otras herramientas legales, considera Maidana, son esenciales para poder reconocer el patrimonio cultural de estos pueblos. “Es clave reconocer las potencialidades de aprovechar todo ese patrimonio para ofrecer soluciones en tiempos de pandemia. Necesitamos considerar los distintos saberes y buscar una acción mancomunada, con interculturalidad, para aportar a las acciones que se vienen gestionando desde el Estado”, puntualizó.