La Justicia y un equipo interdisciplinario no pudieron hallar signos de abuso sexual en ninguno de los 25 casos presentados por padres de alumnos de dos jardines de infantes que decían haber recibido ultrajes de parte del docente. El imputado fue linchado en su casa, siendo él y su familia escrachados en redes sociales, por lo que difícilmente pueda recuperar su vida social y laboral. La Justicia sí encontró en dos casos de los chicos, indicios de violencia intrafamiliar.
RIO GRANDE.- La resolución fue adoptada ayer por el juez de instrucción Andrés Leonelli quien, en marzo, ya había dictado la falta de mérito para el docente por falta de pruebas, supeditando la resolución definitiva a la realización de varias medidas de prueba pendientes.
Esas medidas se realizaron así como el análisis en cámara Gesell de los 25 menores, cuyos casos fueron presentados como sospechosos de haber sufrido abuso. Un equipo interdisciplinario pudo determinar que no existían indicios de abuso en ninguno de los casos.
Sin embargo los especialistas sí detectaron en 2 de estos casos, indicios de violencia intrafamiliar, por lo que el juez giró actuaciones al Juzgado de Minoridad y Familia para que continúe con las actuaciones.
El sobreseimiento dictado por el juez ahora cuenta con un plazo de cinco días hábiles para ser apelado por la fiscalía o bien por la querella que impulsa un grupo de padres, partes que no apelaron en la “falta de mérito” dictada en marzo pasado.
Cabe recordar que a la par de esto hay vigente una causa judicial que el propio docente inició contra los padres que llevaron a cabo el violento ataque en su vivienda, así como el escrache. El abogado Alejandro de la Riva, lamentó, “la causa se ha movido muy poco, esperamos que a partir de esto comience a avanzar”, señaló el patrocinante de Monchietti.
Escarnio público
Esta historia, que movilizó a gran parte de la comunidad, comenzó el domingo 30 de agosto, cuando varios padres efectuaron la denuncia judicial contra el docente después de comunicarse entre sí mediante un grupo de WhatsApp, a través del cual fueron surgiendo los primeros relatos de “chicos abusados”.
El grupo inicial, apenas radicada la denuncia, increíblemente se movilizó a la casa del docente donde ingresaron en forma intempestiva para agredirlo delante de su propia familia, debiendo intervenir la Policía para resguardar su integridad física y detenerlo, más que nada con el fin de protegerlo.
Al día siguiente los casos fueron incrementándose ante cualquier comentario que padres lograban tras interrogar a sus hijos en sus casas, por lo que con el pasar de las horas terminaron sumándose un total de 25 casos, siendo descartadas varias presentaciones por un tamiz judicial que receptó muchas más denuncias inconsistentes. La gran mayoría de los casos fueron del jardín 21, y otros en el jardín 3 donde el docente también dictaba clases.
Ese mismo día tras la denuncia, los padres se presentaron en el jardín a reclamar explicaciones al cuerpo directivo del establecimiento y a varias docentes, quienes incluso denunciaron amenazas de muerte por parte de los padres más alterados, dos de los cuales esa tensa jornada llegaron a amenazar al propio juez de la causa en tribunales.
Incluso el cuerpo directivo del jardín 21 debió ser desplazado y varias docentes trasladadas de establecimiento por una decisión del ministerio de Educación, ante la presión de los padres.
Todo esto tuvo un marco de permanentes denuncias públicas, escraches en redes sociales con el nombre y apellido del docente, incluida imágenes de su grupo familiar, e incluso hasta un piquete en la zona céntrica reclamando por el “esclarecimiento del caso”.
