La Secretaría de Derechos Humanos y el Gobierno provincial colocaron los carteles por Memoria, Verdad y Justicia en la Base Aérea Militar Reconquista y en la Unidad Penal de Coronda, predios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
BUENOS AIRES (Secretaría de Derechos Humanos).- Durante el mediodía del martes tuvo lugar el acto de señalización de la Base Aérea Reconquista, espacio donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. Según testimonios, allí permanecieron secuestrados hombres y mujeres que luego fueron liberados, llevados a otros centros clandestinos o a distintas unidades penitenciarias del país. Los militares y policías responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en este predio fueron condenados por el Tribunal Federal de Santa Fe en 2013 y 2017.
De la actividad participaron el secretario Horacio Pietragalla Corti; la directora Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol; la subsecretaria Anatilde Bugna; la directora de Memoria, Verdad y Justicia de la Provincia, Valeria Silva; y el secretario de Cultura y Deportes del Municipio de Reconquista, Lucas Ferro.
“Nosotros estamos acá porque hubo decisión política de hacer una reparación en materia de derechos humanos, y que esto sea una política de Estado, que abrazó la causa de los exdetenidos, de los familiares, de las Madres y Abuelas”, señaló Pietragalla en la apertura de la ceremonia y afirmó que “el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos que no están entre nosotros es defender este proyecto político, porque lo peor que le puede pasar a la Argentina es que vuelva un gobierno neoliberal”
Seguidamente tomó la palabra el nieto restituido José Luis Maulin Pratto, que compartió la historia de su lucha por recuperar su verdadera identidad y reencontrarse con sus padres y hermanos.
La segunda marcación se llevó adelante en la Unidad Penal de Coronda, donde permanecieron detenidas más de mil personas perseguidas por razones políticas y sindicales desde 1974 y, con mayor intensidad, durante el terrorismo de Estado. A partir del golpe del 24 de marzo, la cárcel quedó bajo el control operacional de la Gendarmería Nacional y los presos políticos fueron sometidos a un régimen de exterminio físico, psíquico y moral. Además fue un lugar de “legalización” de los detenidos-desaparecidos que provenían de distintos centros clandestinos, y de alojamiento de presos políticos provenientes de otras unidades penales.
La señalización de los excentros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional N° 26.691.