El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje, se refirió a la consolidación de la histórica deuda con el organismo y los convenios a firmar con entes descentralizados y municipios.
RIO GRANDE.- El presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, Rubén Bahntje, se refirió a la consolidación de la histórica deuda con el organismo y los convenios a firmar con entes descentralizados y municipios.
“Los depósitos de la Ley 676 que estuvieron en Banco Nación, la parte que había quedado, porque con gran parte se habían dado préstamos personales, la ley de emergencia estableció que se pudiera utilizar para el pago de haberes jubilatorios, y fue en parte con lo que el año pasado se pagaron jubilaciones”, recordó Bahntje.
El titular del organismo de previsión sostuvo que las acreencias que ahora sí están confirmadas y certificadas por el Tribunal de Cuentas desde fines del año pasado son dos tipos: aquellas que supo tener el instituto previsional a fines de los años 90 en el BTF y luego pasaron al Fondo Residual para pasar al Banco: “Los famosos 208 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 80 millones eran deudas del Gobierno de principios de los años 90 para con el Banco”.
En este orden precisó que “esa deuda el Tribunal de Cuentas la certificó, se está trabajando para en conjunto con el BTF y el IPV constituir el Fideicomiso que marca la ley y luego comenzar a ingresar fondos en concepto de cancelación de esa deuda histórica que la ley establece que los fondos del fideicomiso tendrán una afectación para construcción de viviendas y el resto para pago de jubilaciones”.
En paralelo está la deuda de aportes y contribuciones histórica que mantienen los tres municipios y los entes descentralizados del propio Estado provincial. “Son deudas tanto a la caja de previsión como la obra social, donde cada organismo luego firmará los convenios con sus deudores”, explicó.
Bahntje indicó que la deuda certificada para el caso de la caja previsional es de alrededor de 400 millones de pesos, y unos 800 a la obra social.
“Estamos finalizando los trámites administrativos, hay un borrador de convenio en el área legal para dictaminar, y estimamos que a principios de mayo haremos los convenios de pago con el Poder Ejecutivo, entes descentralizados, y municipios”, añadió.
Además, reconoció que “con eso habremos cerrado un capítulo de más de 20 años de idas y venidas donde nunca nos poníamos de acuerdo con los organismos sobre cuáles eran las deudas”.
“Acá están certificadas por el Tribunal de Cuentas, establecido el plan de pagos como determina la ley, y en el mismo plan de pago el Ejecutivo tendrá una cláusula por la cual notifica al BTF para que directamente de lo que ingresa de coparticipación se descuente esa cuota mes a mes e ingrese a la caja de previsión para evitar que luego no se pague”, agregó.
Y recordó que con la ley de creación de la Caja Previsional, en su artículo 25 que establece que en el caso de que haya demoras en los pagos de cualquier organismo del Estado la caja notifica a la contaduría general de la provincia para que retenga los fondos.
“Ese mecanismo se ha utilizado con los municipios que decidieron no aplicar el fondo solidario porque dijeron que una ordenanza vale más que una ley, por lo que se estableció en vez de judicializar eso, certificar las acreencias que mes a mes hay, notificar a la contaduría y la contaduría retiene”, indicó.
En este sentido señaló que “hasta donde entiendo los municipios no han hecho ningún reclamo administrativo, con lo cual están convalidando. En términos de la caja es un dispendio administrativo porque obliga a hacer todo un cálculo e intimación, pero la herramienta está y sirve para que no se acumulen nuevas deudas”.
