Entre quienes se sumaron al reclamo se encontraba el rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, y de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan Castelucci, en representación de otras 15 universidades.
RIO NEGRO (DIARIO RIO NEGRO).- La jueza Erika Fontela convocó ayer a la mañana a una audiencia de conciliación que frenó por el momento la marcha que busca reclamar una vez más por el libre acceso al Lago Escondido, que quedó dentro de las tierras que son propiedad del magnate Joe Lewis.
El presidente del grupo que convocaba a la medida, Julio Urien, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, asistió a la reunión, mientras que José Luis Bianco, lo hizo como representante de la firma del empresario inglés. El Juzgado de El Bolsón es la sede donde se lleva a cabo.
Si luego de escuchar a las partes, Fontela da la orden de “no innovar”, no se podrá ingresar al sendero.
La marcha por la Soberanía tenía por objetivo unir la Ruta 40 con el lago Escondido, a lo largo de 24 kilómetros por el sendero de Tacuifí. En la zona de ingreso permanecían esta mañana pobladores y manifestantes, a la espera de lo que se resuelva con la Justicia.
Entre quienes se sumaron al reclamo se encontraba el rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, y de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan Castelucci, en representación de otras 15 universidades.
También había expectativas de fieles de la iglesia católica que llegaron desde Buenos Aires, de entronizar una imagen de la virgen de Luján junto al espejo de agua.
Defendieron sus títulos
Nueve dueños de campos previos al río Escondido se manifestaron en contra de la medida, en la previa de la movilización.
Defendieron sus títulos “sin restricciones de dominio” y remarcaron que que no tienen “ninguna orden judicial y tampoco obligación de servidumbre de paso” por el camino vecinal que “fue abierto por los antiguos pobladores y actualmente mantenemos nosotros”, según dijo Arsoindo Montero, uno de los ganaderos de El Foyel.
Con la misma postura, unos 30 vecinos enviaron una carta al gobernador Alberto Weretilneck para reivindicar el “uso privado del sendero de Tacuifi” y se mostraron preocupados “por el paso de personas ajenas al lugar”. Consideran que “hacerlo de uso público –como se intentará– es una violación a nuestros derechos”.