20 personas murieron y 84 se encuentran internadas, 20 de ellas con asistencia respiratoria mecánica en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas y Merlo, por el consumo de una partida de cocaína adulterada.
BUENOS AIRES.- (Diario Judicial. Por Cindy Monzón).- A raíz del hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió un “alerta epidemiológico” y todavía intentan establecer qué sustancia fue agregada que provocó el fallecimiento de tantas personas. Más allá de la cuestión sanitaria, que incluyó el desconcierto médico y derivaciones a otros centros de salud por el colapso, el suceso puso bajo la lupa la Ley de Drogas de Argentina y la Ley de Salud Mental.
En Argentina todavía está penalizada la tenencia para consumo personal y, a los ojos de la ley, se criminaliza tanto a consumidores como distribuidores y/o vendedores. Ante la imposibilidad de mejorar las estadísticas de muertes por consumo desde el sistema punitivista, surgieron en el mundo modelos alternativos que abordan los consumos desde una perspectiva de derechos apartando al sistema penal.
Diario Judicial dialogó con Mariana Souto Zabale, coordinadora del Área de Políticas de Drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), quién explicó que “las alternativas regulatorias le devuelvan al Estado el control del mercado y, de alguna manera, evita que todo quede en manos de redes u organizaciones criminales. Este caso es muy ilustrativo porque, en definitiva, el Estado tuvo que salir a advertir a la población que no consumiera una sustancia que el mismo Estado decide que se mantenga en la ilegalidad. Las alternativas regulatorias lo que hacen es plantear que ese consumo existe y como puede el Estado participar para evitar daños mayores”.
“El marco legal actual no permite que el Estado tenga control sobre sustancias que efectivamente se consumen y las estrategias de prevención busca que ese consumo haga el menor daño posible. También hay una mirada sobre el narcotráfico porque si nosotros tenemos un sistema de persecución penal que enfrenta las manifestaciones menos complejas y deja sobrevivir las más dañinas, lo que tenemos es una sobreproblación carcelaria y quienes obtienen mayores beneficios no son alcanzados por el sistema penal”, añadió Souto Zabale.
Una de las claves es la prevención. Horas después del suceso, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió públicamente que quienes hayan comprado cocaína en las últimas 24 horas la descarten y el mensaje causó revuelo por lo directo del mensaje. Lejos de tratarse de un nuevo desacierto del titular de la Cartera, la experta afirmó que debe al comunicado como algo positivo, ya que “esa medida evitó mayores problemas y el rechazo tiene que ver con quienes apoyan el marco legal vigente entiende que cualquier medida de prevención de daños alienta el consumo. El Estado bien ocupa su rol advirtiendo respecto de los riesgos”.
Además de un gran debate sobre el rol que ocupa cada integrante de la cadena del consumo, para la integrante del ILSED “es evidente que el primer gran paso que hay que dar es la despenalización de la tenencia para consumo personal de cualquier sustancia y es un tema que no tiene que ser abordado desde el derecho penal y hay que pensar en medidas regulatorias alternativas porque hoy no solo se termina criminalizando a la personas usuarias sino que también genera estas experiencias de violencia”.
“Esto es muy claro en el caso de Rosario pero también en el caso actual: quienes manejan la distribución y el abastecimiento de las bocas de expendio locales son encarcelados, siguen manejando el negocio desde las cárceles. Se encarcelan segundas líneas y quedan en territorio terceras lineas que quizás tienen un manejo más desprolijo del negocio”, añadió.
Finalmente, Souto Zabale enfatizó: “Hay que pensar sin hipocresías una reforma urgente de la Ley 23.737 y empezar a pensar también estas alternativas que el mundo está evaluando que tiene que ver con la regulación de estos mercados y mayor control de lo que consumen las personas”.