BUENOS AIRES (NA).- Cámaras Pymes salieron ayer en forma unánime a quejarse del fallo de la Corte Suprema que frenó el aumento de tarifas a clientes residenciales pero no a comercios e industrias, y advirtieron que la decisión implicará el cierre de empresas y pérdida de empleos.
Con la sentencia del máximo tribunal, industrias, comercios y Pymes, que representan el 76% del consumo de gas natural, deberán pagar el ajuste con retroactividad al primero de abril y con el límite del 500% aplicado por el Gobierno.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la decisión judicial sorprendió “negativamente a la pequeña y mediana empresa, que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de los aumentos”.
Agregó que el tarifazo puso “en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo” y sostuvo que “los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las Pymes”.
“Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados. La CAME señala que donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo”, indicó en un comunicado la entidad que preside Osvaldo Cornide.
El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, advirtió que “miles de fábricas están en riesgo de cerrar sus puertas, como consecuencia de una brusca caída del consumo interno, sumada al tarifazo, la inflación descontrolada y la apertura de importaciones, incluido el puerta a puerta”. Se refirió también a los clubes de barrio y otras organizaciones sociales, que “aún continúan desprotegidos y en riesgo ante tarifas con aumentos del 400 por ciento”.