Miembros del gobierno británico en Malvinas viajaron a Londres para conocer cómo los afectará la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, los aranceles que se le aplicarán a la pesca y cómo se negociarán las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno nacional en su reclamo por la soberanía.
PUERTO ARGENTINO.- Legisladores electos del ilegítimo gobierno de Malvinas mantuvieron entrevistas y contactos con representantes del gobierno británico durante el cual se abordaron temas como las actuales conversaciones de Londres y la Unión Europea para la salida del Brexit, con especial interés en pesca, comercio en general y la nueva política agresiva del Ejecutivo argentino hacia las Islas.
“Estamos al tanto que el Reino Unido ha elevado nuestros intereses ante el equipo negociador de la Unión Europea y nosotros, el gobierno autónomo de las Islas, también le hemos escrito a la Comisión Europea hace ya varios meses sin mayores cambios a dicho informe”, reveló la legisladora MLA Teslyn Barkman al semanario Pengüin News cuando se le preguntó sobre el resultado de las conversaciones del gobierno de las Islas con respecto a las negociaciones del Reino Unido con la UE, a propósito de temas de pesca.
Según publica el sitio Mercopress las empresas de pesca de las islas Malvinas están bajo la impresión que algún progreso se habría alcanzado en materia de aranceles para productos de pesca, de acuerdo a informaciones provenientes de España
“Es de público conocimiento que el acuerdo comercial, pos Brexit, del Reino Unido con la UE no ha avanzado mucho, y por tanto continuamos a buscar cómo mejor encarar y motivar las acciones en esas materias, con la ayuda del gobierno británico y de la propia industria de la pesca de las Malvinas”, sostuvo MLA Barkman.
“En efecto, continuamos a suministrar input y también se nos ha asegurado que no se tomarán decisiones relativas al comercio de las Islas Malvinas sin nuestros aportes”
La explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.
Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.
En particular han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.
También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.
Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.
Por su parte, la legisladora Barkman anunció que se reunirá con la asociación de empresas de pesca, de manera de abordar esos asuntos nuevamente y escuchar qué es lo que ellos han recogido de sus asociados (joint ventures con españoles) y otras fuentes de la industria“.
Por último resaltó que “es importante tomar nota de otros desafíos que se nos presentan y que demuestran la continua necesidad de manejar los temas en la negociación con gran sensibilidad”.
”Recientemente nos enteramos que el Gobierno argentino le ha escrito a los Estados miembros de la Unión Europea haciendo lobby contra nuestros intereses, si bien según el feedback que hemos recibido nos aseguran que esto ha sido ignorado”, concluyó Barkman.
Pesca ilegal
De acuerdo a un informe difundido por la Cámara de Diputados de la Nación, las cuatro flotas pesqueras que operan en la región de Malvinas (China, Corea del Sur, Taiwán y España), sólo pueden operar debido a los subsidios estatales que reciben de sus Estados, los subsidios los obtienen especialmente a través de la provisión del combustible, pero también a través de exoneraciones impositivas y equipo de navegación, en el caso de China por ejemplo.
Asimismo, los barcos de bandera china, no operan comprando licencias británicas, se dedican especialmente a la pesca en alta mar, al borde de la ZEE, y suelen realizar incursiones ilegales hacia dentro del Mar Argentino. Son reconocidos internacionalmente por sus prácticas de violación a la soberanía de los Estados, la violación a los derechos humanos (esclavitud) y el daño ambiental.
A nivel global de las operaciones pesqueras del Atlántico Sudoccidental, hay más de 500 embarcaciones enlistadas y en constante proceso de nuevas identificaciones. Más de 90 embarcaciones con registro de actividades ilegales, irregulares, y/o criminales ya identificadas.
Un mínimo de 79 embarcaciones han sido identificadas operando abiertamente dentro de la zona controlada por el Reino Unido, lo cual implica que lo hicieron bajo licencias de pesca.
Se han detectado 73 embarcaciones que además de operar en la zona controlada por el Reino Unido, operan de manera No Declarada y No Reglamentada en aguas internacionales, al borde de la milla 200. Esto demuestra que las embarcaciones licenciadas por el RU se dedican a la pesca furtiva y IUU.
Diversas embarcaciones que pescaron bajo licencia británica, embanderadas bajo el estandarte ‘Falkland Islands’, o española, que están basados en las Islas Malvinas, han sido detenidas y/o detectadas operando ilegalmente dentro del Mar Argentino, en la zona controlada por Argentina. Cuatro pertenecientes a la sociedad pesquera española británica.
Esta situación, le genera a la República Argentina una pérdida de recursos estimada en 2 mil millones de dólares por año, además de contribuir a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limita el potencial de la industria nacional.