BUENOS AIRES (NA).- Diputados nacionales del Frente para la Victoria realizaron el viernes una denuncia judicial contra Diego Bossio y Nicolás Massot, para que se investigue la conversación que ambos mantuvieron por WhatsApp para negociar el apoyo en el debate parlamentario para poder acordar con los fondos buitre.
Así lo señalaron fuentes del bloque kirchnerista a NA, y detallaron que la presentación fue realizada en los Tribunales de Retiro por los legisladores Carlos Kunkel (Buenos Aires), Rodolfo Tailhade (Río Negro) y Juan Manuel Pedrini (Chaco).
En la denuncia, que recayó en el magistrado Norberto Oyarbide, los diputados nacionales reclamaron que la Justicia investigue si la conversación para negociar por el debate de la ley Cerrojo entre Bossio y Massot puede incluirse en el delito de cohecho.
Los legisladores presentaron la denuncia luego de que trascendiera una conversación a través de WhatsApp entre el jefe de la bancada PRO y el diputado del bloque Justicialista en la que hablaban del respaldo que busca el macrismo para la aprobación de la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
Tras la polémica que disparó la difusión del chat, tanto Bossio como Massot reconocieron haber mantenido la charla, pero minimizaron su contenido y señalaron que se trata de una negociación habitual entre los distintos espacios parlamentarios.
“Del texto de esa comunicación se desprende una serie de comentarios altamente sugestivos, que permiten al menos sospechar la posible existencia de una transacción para obtener el voto favorable al proyecto de ley en discusión”, señalaron los diputados del FpV en la denuncia a la que tuvo acceso NA.
Según consideraron, “el detalle de la comunicación entre ambos diputados nacionales parece reflejar la existencia de un acuerdo económico antes que político, relacionado con el proyecto de ley en estudio”.
“Resulta además preocupante que frente a la difusión pública de los hechos sobre los que versan esta denuncia, no haya tomado intervención de oficio un fiscal, dado que podría tratarse de delitos de acción publica y cometidos en marco de una situación de extrema gravedad institucional”, se quejaron los integrantes del bloque que lidera Héctor Recalde.
Y agregaron: “Nos encontramos frente a un hecho de extrema gravedad institucional, cuyas características habilitan a conjeturar la posibilidad de un ilícito. El episodio podría configurar delito en los términos de los arts. 256, 256 bis y 258 del Código Penal, que tipifican las figuras del cohecho pasivo y cohecho activo, y que reprimen con prisión de hasta seis años al funcionario público que recibe y al que ofrece dinero o cualquier otra dádiva para hacer algo relativo a sus funciones”.
Tras quedar a cargo del caso por sorteo, Oyarbide dará vista a la Fiscalía, para que determine si corresponde o no impulsar la investigación e imputar a los denunciados.
