Piden ampliar el horario de los estudios jurídicos

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Un grupo de abogados presentó una nueva medida autosatisfactiva contra el Gobierno solicitando que se amplíe el horario de funcionamiento de los estudios jurídicos. Criticaron la medida del Ministerio de Salud que sólo les permite abrir de 9:00 a 13:00. Señalan que ello es una “restricción manifiestamente arbitraria e ilegal a nuestro derecho a trabajar”.

Abogados promueven una nueva medida autosatisfactiva, esta vez por el horario de los estudios jurídicos.

RIO GRANDE.- Los abogados de la matrícula solicitaron que un juez dicte una medida autosatisfactiva en contra del Gobierno provincial, para que se les permita ampliar el funcionamiento de los estudios jurídicos, de manera que sea establecido entre las 9:00 y las 20:00 y no entre las 9:00 y 13:00 como lo dispuso el Ministerio de Salud, en la última flexibilización de la cuarentena obligatoria.

Los abogados interpusieron un cambio de demanda, de acuerdo a lo permitido por el Código Procesal Civil, atento que desde que ingresó el anterior reclamo judicial, hasta el sorteo del Juzgado, el demandado “enterado de nuestra presentación por los medios periodísticos, modificó parcialmente la situación fáctica, por lo cual resulta indispensable producir el cambio de la demanda que nos autoriza la ley”.

En la presentación plantean ante el Magistrado que al hacer lugar a la demanda “establezca que sus alcances serán para todos los abogados que realicen su actividad y tengan sus oficinas o sus estudios jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande, siguiendo el precedente “Halabi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Señalan que para el caso en que el juez considere que “para la resolución de la presente demanda corresponde que la misma se tramite como una acción de amparo o algún el tipo de proceso que Ud. considere aplicable, le solicitamos dicte una medida cautelar por la cual se autorice a los firmantes de la presente, conjuntamente con el resto de los abogados que realizan su actividad y trabajo en la ciudad de Río Grande, a que reinicien su actividad profesional de manera inmediata”.

Las consideraciones

Los abogados solicitan al juez que ordene al demandado a autorizar “la actividad de los abogados en sus oficinas o estudios jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande, en el horario de 9:00 a 20:00, de lunes a domingo de cada semana, con la autorización bajo sistema de turnos para la atención de sus clientes, con la participación de la dotación de personal de secretarias, secretarios, procuradores, empleadas y empleados, con la utilización de protección facial y/o barbijo, y dando cumplimiento a todas los obligaciones impuestas en el Protocolo para Abogados realizado por el Comité de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de la Provincia”.

Los abogados critican el alcance de la resolución 1.177/2020 de la cartera de salud de la provincial porque en la misma “se produce la restricción manifiestamente arbitraria e ilegal a nuestro derecho a trabajar y desarrollar toda industria y actividad lícita y la lesión al derecho a la igualdad ante la ley”.

Lo primero que se nota al leer la resolución “es la falta absoluta de fundamento de la misma, la que podría hasta producir su nulidad por falta de fundamentación de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 141. Esta falta absoluta de fundamentos no dice porque debe permitirse la actividad de abogados, porque puede realizarse de lunes a viernes, porque puede realizarse de 9:00 a 13:00 y porque la concurrencia de los clientes debe realizarse solo de acuerdo a su número de documento o al número de su patente, si tuviera auto”.

“El decisor político establece sin fundamento alguno el que considera su punto de vista y no fija ninguna consideración de orden científica, jurídica o técnica que sustente su decisión. De allí la tacha de arbitrariedad de su decisión, la que es manifiesta porque ni siquiera se puede discutir si sus fundamentos son justos, rigurosos o equivocados, ya que la decisión que pretende tomar respecto de la actividad de los abogados carece por completo de fundamentos” indican en el escrito.

Recuerdan que en la resolución 1.155/2020 de la cartera de salud, en su artículo 2, autoriza la actividad de las escribanías, siete en total, y de cuatro Registros de la Propiedad Automotor, de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00, esto es 8 horas de trabajo. “De ello se desprende la absurda restricción que se produce a nuestra actividad, cuando solo se nos permite desarrollarla de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 de manera infundada, irracional e irrazonable”, puntualizan.

“Y todo ello sin que el Poder Ejecutivo Provincial pueda establecer comparaciones entre la cantidad de gente que pueda ingresar a alguna de las 40 fábricas, 10 supermercados, 300 despensas, almacenes, multirrubros y kioskos, 50 talleres mecánicos y gomerías, 30 panaderías, 20 concesionarias de autos y demás locales autorizados que hay en la ciudad de Río Grande, en relación a la cantidad de atención al público que puede realizarse en una estudio jurídico”, agregan en el escrito.

En otro párrafo de la demanda, los abogados critican que “resultan tan absurdas las limitaciones infundada e injustificadas que se han impuesto para el desarrollo de la actividad profesional, que consideran que las mismas fueron impuestas con la intención de darnos una lección de autoridad, desaprensión y desapego por el derecho, a los fines de limitar cualquier reclamo de nuestra parte, lo que evidentemente no han logrado”.

Hacen notas al juez que de acuerdo a lo resuelto por el gobierno “la única manera de atender a un cliente depende de su número de DNI o de la patente de su vehículo, si es que tuviere, cuando los vencimientos judiciales pueden ocurrir el día antes que el mismo pudiera salir considerando dichos números, una situación de violencia que deba ser atendida de urgencia puede ocurrir cualquier día, a cualquier hora y con cualquier número de documento y así con toda la casuística de la atención profesional de nuestra actividad y profesión”.

Los abogados advierten además que la “falta de autorización de una mayor apertura, menos limitativa de la actividad profesional y de nuestros estudios jurídicos u oficinas, lo que el Poder Ejecutivo Provincial si ha otorgada a otras actividades comerciales, industriales y de servicios, no solo está lesionando el acceso a la justicia de la mayoría de la población, sino que de manera arbitrariamente manifiesta está restringiendo gravemente nuestro derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita, y con ello lesionando, también de manera manifiesta e ilegal, nuestro derecho a la igualdad ante la ley”.