Defensoría pide prestar atención a la salud de los presos. Solicitó a los defensores de todo el país que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
BUENOS AIRES (Diariojudicial.com).- La Defensoría General de la Nación publicó una resolución con recomendaciones para las defensoras y defensores públicos federales y en lo criminal y correccional de la CABA, respecto a las personas privadas de su libertad y la propagación del coronavirus.
A partir de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria, como consecuencia de la pandemia por la propagación de casos de COVID-19, la defensora general de la Nación dictó la Resolución N° 285/20 efectuando ciertas recomendaciones a las defensoras y defensores públicos federales y en lo criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primer lugar, se recomendó a los/as magistrados/as o funcionarios/as a cargo de las referidas dependencias y de todas las instancias que presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad y reclamen cuando sea necesario que se asigne el tratamiento adecuado.
La DGN solicitó a los defensores que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19.
Asimismo, se recomendó que “en todo contexto en que se adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención, inicien o continúen el trámite de acciones de habeas corpus ante los/as magistrados/as competentes”.
En los considerandos de la resolución, la defensora general, Estella Maris Martínez, hizo hincapié en “la necesidad de que frente a la coyuntura, la Defensa Pública asuma un rol proactivo para detectar a quienes necesitan de atención médica, y reclamar las medidas adecuadas y ágiles que la situación exija, ante los responsables administrativos del ámbito de detención y el Poder Judicial de la Nación como garante de derechos”.
También se solicitó a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la adopción, con carácter urgente, de un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas vinculadas a ellos.
Por último, se decidió poner en conocimiento de la resolución a la Comisión de Emergencia Carcelaria, al Sistema Insterinstitucional de Control de Cárceles y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.