Capuchetti resultó electa tras haber ocupado los primeros lugares del concurso para asumir en el juzgado, el cual fue subrogado en este último tiempo por el juez Federal Ariel Lijo.
BUENOS AIRES (NA).- María Eugenia Capuchetti asumió ayer como nueva jueza federal de la Capital Federal en los tribunales de Comodoro Py en reemplazo Norberto Oyarbide, y entre otras causas tiene que definir si reactiva la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner.
En una jura colmada de jueces, fiscales, y funcionarios nacionales y provinciales, Capuchetti juró como titular del juzgado federal 5, el cual estaba vacante desde hace tres años cuando Oyarbide, su último titular, renunció a su cargo ante un inminente proceso de juicio político en su contra.
La jura fue en la denominada sala AMIA del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, donde estuvo colmada de colegas de primera instancia; de la Cámara Federal, ya que su presidente, Martín Irurzun, le tomó el juramento; y de la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero también estuvieron secretarios de distinto fueros, pues Capuchetti fue secretaria federal y en la actualidad ocupaba el cargo de jefa de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público Fiscal porteño.
La flamante magistrada es hija del jefe de Seguridad de la AFA Carlos Capuchetti, quien tiene vínculos con el actual ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, e incluso con el presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, una figura muy influyente en la Justicia Federal y de confianza del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Capuchetti asume el juzgado con grandes desafíos, ya que en su haber está el pedido que hizo la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner, la cual fue archivada en su momento por el juez Oyarbide.
El pedido es porque Oyarbide reconoció haber actuado así luego de reuniones con operadores políticos que respondían al kirchnerismo.
También está radicada en el juzgado la investigación contra los supuestos compradores del Grupo Indalo y a raíz de la venta irregular que habría hecho el detenido empresario Cristóbal López.
Otra de las causas que debe investigar la flamante magistrada es aquella que sindicó por abuso sexual al senador de la UCR Juan Carlos Marino, quien fue acusado por una secretaria que testificó en su contra por ese delito.