Alberto Urrutia estuvo preso durante un año como sospechoso por la desaparición de la menor Sofía Herrera, hecho ocurrido en septiembre de 2008. Por ausencia de pruebas la causa en su contra quedó sin efecto y luego de ello entabló una demanda contra el Estado, pero el juez Civil Aníbal López Tilli la rechazó.
RIO GRANDE.- La demanda civil fue iniciada en agosto de 2013 por Alberto Urrutia, quien fuera el cuidador del camping John Goodall en 2008, cuando desapareció la pequeña de 3 años, Sofía Herrera.
Entre 2009 y 2010 Urrutia fue la única persona que llegó a estar detenida en el marco de esta investigación que aún no logró determinar el paradero de la menor.
Una vez investigados los padres y acompañantes de Sofía ese día, el juez Eduardo López concentró su atención en el cuidador del camping, a quien llegó a procesar y detener a los 74 años de edad.
A causa de su avanzada edad Urrutia pasó gran parte de esa prisión preventiva en un domicilio, que finalmente cayó al cumplirse el año de detención, y la ausencia de pruebas no permitió llegar a un juicio.
La defensa de Urrutia tras esto inició una demanda civil contra el Estado Provincial reclamando un resarcimiento económico de 130.500 pesos.
Finalmente el juez civil, Aníbal López Tilli, rechazó la demanda por considerar que “no fue un proceso arbitrario” y que lo actuado por el juez López “fue dentro de la órbita de su competencia, en el marco legal, y un acto lícito”.
“Se respetó el procedimiento legal”, concluyó el juez para dar por desestimada la demanda, lo que quedó firme al no haber apelado la abogada de Urrutia, la Dra. Nilda Torres.
