Si bien el Gobierno espera que sea sancionado este jueves, la falta de acuerdo político y las observaciones que hicieron desde la bancada del Frente de Todos y del Partido Verde hacen casi imposible que la ley de emergencia sea aprobada y todo se encamina hacia un debate en comisión.
RIO GRANDE.- Al cierre de la presente nota, el Poder Ejecutivo no había alcanzado a sumar las voluntades políticas necesarias en la Legislatura para que el proyecto de creación de PROGRESO sea sancionado en la sesión extraordinaria prevista para hoy y, al parecer, todos los caminos conducen a que el mismo sea debatido en comisión.
Sucede que el Frente de Todos-PJ y el Partido Verde, que suman siete votos, no acompañarían el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley que ingresó el pasado lunes y que recién tomará estado parlamentario hoy. Y para que el Ejecutivo pueda lograr que el asunto sea debatido y aprobado necesitaría la voluntad de diez legisladores que hasta anoche no lo lograba completar.
El Gobierno sólo cuenta con los representantes de la bancada de Forja, que suman cuatro voluntades, más dos de sus aliados del Movimiento Popular Fueguino y otros dos que son de la bancada radical (Federico Sciurano adelantó que está en un todo de acuerdo con lo que establece el asunto).
Los legisladores del Frente y los del Verde están de acuerdo en dar tratamiento al asunto, pero solo para que el mismo tenga estado parlamentario y de ahí en más programar reuniones con los funcionarios del Gobierno y con los Intendentes para establecer el impacto que tendrán los preceptos volcados en la ley de emergencia, que busca crear un programa para asistir a los sectores privados que se vieron golpeados por la cuarentena decretada a raíz de la pandemia COVID-19.
Fallo de la Corte
De acuerdo a los argumentos vertidos en el mensaje del gobernador Gustavo Melella, el proyecto es una propuesta que permitirá al Poder Ejecutivo actuar con los necesarios grados de libertad con el fin de poder sortear la encrucijada en la cual nos encontramos. Citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cual señala que “acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios”.
En su artículo primero declara la emergencia económica, fiscal, financiera, administrativa y social en la provincia por el plazo de 12 meses, la cual se podrá prorrogar por el Poder Ejecutivo por idéntico plazo y por única vez.
Autoriza al Poder Ejecutivo a implementar políticas de prevención, asistencia y promoción sanitaria, social y económica por medio de las entidades y organismos que conforman el sector público provincial, financiándose con recursos obtenidos de la operatoria con bonos por hasta el importe de 2 mil millones de pesos.
De esta forma se buscan reorientar los recursos obtenidos por la emisión del Título TFU27 más sus resultados financieros, hacia la implementación de políticas que contribuyan a sostener los distintos agentes de la sociedad fueguina, a través del BTF.
Los recursos se asignarán a través del Programa de Recuperación Económica y Social (PROGRESO), cuyo objetivo será promover acciones que coadyuven a retornar a un sendero de incremento de la actividad económica y contribuya al sostenimiento del empleo, a fin de evitar una profundización del impacto negativo que la pandemia del virus COVID-19 ha tenido sobre la economía local.
Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar aportes de capital al Banco Tierra del Fuego, a la implementación de créditos no bancarios, a la ejecución de obras esenciales y a la realización de trabajos públicos intensivos en mano de obra local.
PROGRESO estará destinado a los micros, pequeñas y medianas empresas, comercios y productores, constituidos como personas jurídicas o humanas, a los trabajadores autónomos o monotributistas no registrados como empleadores y sin relación laboral de dependencia pública o privada; quedando comprendidas dentro de dicha fracción aquellos que no puedan ser sujetos de crédito en el circuito bancario local.
Entre algunas de las fuentes de financiamiento del PROGRESO se contempla también aquellos aportes que disponga el Gobierno nacional en el marco de la emergencia de la pandemia COVID-19.
Las asistencias financieras para los que no puedan ser sujetos de créditos en el circuito bancario local serán definidas por el Ministerio de Producción y Ambiente; las que serán otorgadas a través de un trámite sencillo, en aras de la simplicidad administrativa, la economía y la eficacia.
El Banco Tierra del Fuego fijará las condiciones por las cuales se visibilizarán los fondos del PROGRESO que le fueren otorgados.
Beneficios a contribuyentes
En el proyecto se faculta al BTF a no iniciar acciones judiciales para el recupero de deudas o montos exigibles y actualizados inferiores a los 25 mil pesos, actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), sin perjuicio de continuar gestiones extrajudiciales, habilitando al Banco a ceder cartera en caso de considerarlo beneficioso para el mismo.
Se prorroga hasta el 30 de junio la moratoria de la AREF, pudiendo incluirse los tributos comprendidos cuyos vencimientos para el pago hayan operado hasta el 30 de abril.
Se autoriza a la AREF a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y solicitar nuevas medidas precautorias para garantizar el cobro de tributos, durante el plazo de la emergencia, respecto de los contribuyentes cuya base imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos del año 2019 no supere la suma de 30 millones de pesos.
Por el plazo de noventa días, los centros de salud privados, que brinden atención sanitaria de 3º nivel, podrán descontar del monto de Ingresos Brutos a pagar las sumas destinadas mensualmente a combatir la pandemia COVID-19 mediante la adquisición de insumos y medicamentos vitales para la atención de personas, como así también la inversión en infraestructura y tecnologías.
Eximir por 90 días del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes del régimen simplificado que no cuenten con una relación de empleo bajo dependencia.
Se faculta al Ejecutivo a establecer beneficios especiales por actividad en el impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el plazo de la emergencia, los cuales podrán consistir en reducción de alícuotas, exenciones o diferimientos de pago para aquellas actividades económicas afectadas de manera sustancial como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Se autoriza al Ejecutivo a disponer la readecuación y/o renegociación de aquellos contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes, que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución, que generen obligaciones a cargo del Estado, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la emergencia.
Endeudamiento
En el proyecto además se autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un monto máximo de 3 mil millones de pesos, cuyo objeto sea obtener medios de financiamiento para atender las consecuencias de la situación de emergencia.
Los créditos asumidos podrán ser representativos de deuda interna o externa, afectando en garantía la coparticipación federal de impuestos. El plazo mínimo de amortización será de 12 meses.
Otra cláusula prevista en el asunto es que la presentación de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2019 será prorrogada por un plazo de 90 días (esto debía cumplirse el cuarto mes del año, de acuerdo a lo que indica la Constitución Provincial).
COMITÉ ASESOR: En la ley se establece la conformación de un Comité Asesor del PROGRESO, con carácter consultivo, que asesorará al Ejecutivo sobre todos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración. La comisión será presidida por un representante del Ejecutivo y conformadas por los siguientes miembros, ad honorem:
-Un representante del Ministerio de Finanzas Públicas
-Un representante del Ministerio de Producción y Ambiente.
-Un representante de la AREF.
-Un representante del BTF.
-Dos legisladores provinciales
-Un representante del sector privado
-Un representante gremial.
DIGITAL: A través del proyecto de ley se busca readecuar las tramitaciones administrativas al uso de los instrumentos digitales y electrónicos imperantes en la actualidad, en virtud de no poder contar con el personal permanente del Estado provincial en forma física en sus puestos de trabajo.