Una jueza federal dictó una medida cautelar que ordena suspender el decreto de la presidente Cristina Kirchner por el cual le devolvió a todas las provincias el 15% de los impuestos coparticipables. En contraposición, senadores y diputados del FpV aprobaron en sesión los alcances de ese decreto.
BUENOS AIRES.- La jueza en lo contencioso administrativo federal, Liliana Heiland, dictó ayer una medida cautelar por la cual suspendió el decreto de la presidenta Cristina Kirchner por el cual le devolvió a todas las provincias el 15 por ciento de los impuestos coparticipables.
Fuentes judiciales informaron a DyN que la magistrada hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República y le ordenó al Gobierno “que suspenda la ejecución del DNU 2635/15”.
En contraposición a esta medida cautelar, ayer los senadores y diputados del Frente para la Victoria (FpV) aprobaron en una Comisión Bicameral el decreto de la Presidente.
El tratamiento del decreto con el que la Presidente acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de evaluar los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Sin la presencia de opositores, se designó como presidente del cuerpo al diputado kirchnerista Marcos Cleri, dado que su par Jorge Landau había renunciado al cargo, actitud que fue calificada como “estúpida” por el jefe de la bancada de senadores, Miguel Ángel Pichetto, durante la reunión.
Pichetto fue el único que tomó la palabra en la comisión y defendió el decreto firmado por la Presidente, aunque cuestionó el fallo de la Corte Suprema que le dio origen y criticó a los integrantes del máximo tribunal.
“Todos hablan de la decisión que tomó la Presidente. Es cierto que no todos los fallos son universales pero el espíritu de este fallo obliga al Poder Ejecutivo más temprano que tarde a tomar esta decisión”, afirmó el jefe del bloque del FpV en el Senado.
En este sentido, sostuvo que “lo que hay que preguntarse es el por qué de este fallo y por qué no le dieron la oportunidad de sentarse en el escritorio al nuevo Presidente y decirle señor, mire, tenemos esto”, dado que la resolución del tribunal “altera las relaciones económicas de la Nación con las provincias”.
Además, Pichetto cuestionó a la Corte porque, según su criterio, invade facultades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y al respecto, advirtió que “quieren instalar desde la magistratura una supremacía por encima de los demás poderes”.
“La Corte no puede decirnos a nosotros (el Congreso) que aprobemos una ley en 60 días”, ejemplificó el senador y agregó: “El debate que viene es quién va a gobernar la Argentina, el Poder Ejecutivo, el Legislativo o un suprapoder”.
COPARTICIPACION
Rechazan reclamo de Formosa
BUENOS AIRES (NA).- La Corte Suprema de Justicia dio ayer una fuerte señal de que no extenderá a otras provincias su fallo sobre coparticipación, al rechazar un pedido de Formosa para ser beneficiada por la medida que ordenó interrumpir el descuento del 15 por ciento a tres provincias.
Fuentes judiciales informaron que la Corte desestimó el planteo al considerar que “no reúne los mínimos requisitos” para que se pueda valorar cuál fue la conducta que asumió esa provincia a partir de que el Estado Nacional decidió en 2006 prorrogar la deducción.
En un fallo dictado por la Corte Suprema días atrás, se le dio la razón a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, para que cese el descuento por los fondos coparticipables y el Estado Nacional reintegre lo hasta ahora deducido.
Los jueces diferenciaron la situación de Formosa con las de Córdoba, Santa Fe y San Luis, pues a estas tres últimas sí les dio la razón y obligó al Estado a reintegrar los fondos.
“No puede pretenderse que la Corte Suprema aplique en forma irreflexiva sus precedentes, ya que tiene el deber en cada caso de examinar y discernir si la norma impugnada reviste o no la invalidez alegada”, advirtió la Corte.
El 24 de noviembre último, la Corte declaró inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso de la Nación.
Tal como lo había reclamado en ese fallo, en este nuevo remarcó la necesidad de que se establezca un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, para garantizar la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa.
