El juez Laboral Guillermo Penza rechazó la demanda por práctica desleal iniciada hace 4 años por APEL en contra de las autoridades del Concejo Deliberante de Ushuaia. El argumento principal es que no se pudo probar lo que sostenían desde la entidad gremial.
USHUAIA.- La Justicia laboral rechazó la demanda de práctica desleal promovida en 2011 por la dirigencia de APEL contra el Concejo Deliberante. Tras 4 años de trámite procesal la Justicia determinó que el gremio conducido por Raúl Salinas “no ha podido acreditar con el grado de certeza requerido” que el accionar del Concejo fuera pasible de ser calificado como conducta desleal. La sentencia impone las costas a APEL.
La Justicia laboral rechazó la pretensión de la dirigencia de APEL de que se le atribuya al Concejo Deliberante la conducta tipificada como práctica antisindical por cuanto “la intencionalidad no puede ser simplemente achacada, debiendo ser efectivamente demostrada (lo que no ha acontecido en autos)”, sostiene la sentencia.
“Más allá del carácter que le quiera asignar la accionante a los motivos y razones invocados o a lo obrado por la demandada, entiende el Tribunal que en el marco de los antecedentes señalados, no se alcanza a acreditar la intencionalidad atribuida por la actora, ni se advierte la voluntad contraria de entorpecer el avance de las negociaciones”, dice el juez en sus fundamentos.
La sentencia advierte que la pretensión de Raúl Salinas (APEL) “…a fin de fundar su reclamo, limitándose a la descripción de extensos hechos y antecedentes (sin explicitar de modo claro un común sentido de afectación a la libertad sindical), los cuales simplemente termina por descalificar subjetivamente, no alcanza a aportar elementos objetivos suficientes…”.
El escrito sostiene que en la demanda impulsada por Raúl Salinas “no logra exponer una clara, dolosa y obstructiva intencionalidad –del Concejo- en el marco de los procedimientos normados” por el Convenio Legislativo Municipal de Empleo.
Las autoridades del Concejo Deliberante celebraron la sentencia judicial aunque lamentaron que “los únicos perjudicados sean los agentes porque se desperdiciaron 4 años de buena voluntad negocial, demostrada por la patronal”, lo que fue puesto de manifiesto con el reconocimiento de derechos como las etapas concursales llevadas a cabo por la presidencia de Damián De Marco, en favor de los agentes de la institución, por ejemplo.