Desde hace dos meses un grupo de familias que integran la Comunidad Rafaela Ishton y tienen emprendimientos familiares en su territorio comunitario esperan que la Justicia se expida favorablemente y obligue al Gobierno a permitirles hacer uso de sus recursos naturales, de acuerdo a las leyes indígenas.
USHUAIA.- La Comunidad Selk´nam “Rafaela Ishton” inició una acción de amparo ante la Justicia provincial con el propósito de poder acceder a los permisos de trabajo, suspendidos por el Gobierno provincial durante la pandemia, mientras se resuelve una cuestión de fondo respecto al ordenamiento territorial de bosques (OTBN) en cuya elaboración se omitió su participación, tal como lo establece la Ley de Bosques.
El amparo fue presentado el 21 de septiembre con el patrocinio legal gratuito de la Dra. Griselda Engelhard y el asesoramiento del Dr. Antonio de Anquin, recayendo en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Ushuaia a cargo del Dr. Sebastián Osado Viruel, Secretaría a cargo de la Dra. Valeria Rossi, con número de expediente 26.315.
La medida judicial llega después de que el Gobierno provincial convocara al Consejo de Ancianos de la comunidad para informarles que no autorizarán permisos para trabajar dentro del territorio comunitario hasta tanto la comunidad no apruebe el Plan Integral Comunitario (PIC), elaborado también sin el consentimiento de los indígenas.
En julio, el presidente de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, Rubén Maldonado, denunció esta situación públicamente y afirmó que la actitud del Gobierno era “una extorsión lisa y llana”, sobre todo teniendo en cuenta que la convocatoria se realizó en medio de condiciones climáticas adversas, con nevadas y temperaturas extremas, que les impedía reunirse y tomar decisiones en forma comunitaria.
“No nos pueden imponer esa condición para que podamos trabajar. Nos apuran, nos corren sin darnos la posibilidad de asesorarnos con un abogado y un técnico forestal elegido por nosotros, que nos prevenga de consecuencias que podamos tener en el futuro. No vamos a firmar más nada con el Gobierno sin hacer revisar los papeles por profesionales que no sean del Gobierno. Además, tenemos que consultar a todos los miembros de la comunidad y eso lleva tiempo. Hace años que les pedimos reuniones para ponernos de acuerdo y ahora les agarró el apuro”, dijo el líder selk´nam en ese momento.
No obstante, a dos meses de la presentación judicial, el juez Osado Viruel no ha fijado el proveído de pruebas, lo que resulta llamativo, aunque previsible, teniendo en cuenta el desconocimiento imperante tanto en la Administración Pública como en la Justicia, del derecho indígena.
Mientras tanto, las familias que viven en el territorio comunitario enfrentan otra temporada estival sin permisos para poder comercializar los recursos naturales que extraen de sus propias tierras ni iniciar nuevos emprendimientos familiares relacionados con la turba, la producción de alimentos, el turismo y la explotación forestal o la pesca que les permitan llevar una vida digna.
Consulta previa
En el mes de abril, el fiscal de Estado Virgilio Martinez de Sucre dictaminó -a instancias de una denuncia de la comunidad selk´nam- que el Gobierno debe consultar a los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, en cumplimiento de las leyes vigentes. Además, estableció que el mecanismo de consulta debe ajustarse a un protocolo creado por el Gobierno nacional a tal fin y que en la provincia, debe implementarlo la Secretaría de Pueblos Originarios, la cual “casualmente” fue eliminada en el mes de junio de este año.
Cabe destacar que, pese a no haberse llevado a cabo la consulta previa, el Poder Ejecutivo Provincial, a través de un decreto, aprobó el Ordenamiento Territorial de Bosques remitido al Ministerio de Ambiente de la Nación.
Al respecto, Maldonado recordó que “la disolución de la Secretaría de Pueblos Originarios también fue una medida inconsulta que, evidentemente, nos afecta, porque ahora no hay un área especializada que pueda intervenir a la hora de acompañar una consulta previa. O sea que, en lugar de hacer las cosas más fáciles, el Gobierno nos arrincona más para que cedamos a sus intenciones”.
El territorio selk´nam está ubicado en Tolhuin y se convirtió en refugio de los hombres y mujeres que sobrevivieron al genocidio perpetrado entre 1880 y 1910 y quedaron viviendo en el campo. Tras haber obtenido la titularidad de las tierras, la comunidad se convirtió en guardiana de sus recursos naturales y se comprometió a poblar su territorio trabajando y haciendo uso sustentable de ellos.
“Este Gobierno es el primero que nos impide trabajar. Pasamos la pandemia en situación desesperante y este invierno estamos igual. Con ningún gobierno nos había pasado esto”, sentenció Maldonado.
Acceso a la Justicia
Por su parte, los Dres. Antonio de Anquin y Griselda Engelhard se refirieron a un tema no menor, que es la dificultad que tuvo la Comunidad Rafaela Ishton para poder llegar a la Justicia en esta situación de vulnerabilidad. “El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas cuenta con un programa de financiamiento de gastos derivados de procesos judiciales que jamás se implementó en Tierra del Fuego ni en provincias del norte del país y el Chaco”, indicaron.
“Hoy el pueblo selk’nam tuvo la fortuna de contar con letrados que no exigieron pago de honorarios. En caso de que ello no hubiese ocurrido, este pueblo no hubiera podido acceder a la justicia”, sostuvo la Dra. Engelhard.
Por su parte, el Dr. De Anquin agregó que “hoy es importante que el INAI concrete dicho financiamiento y explique a la sociedad las razones por las cuales sólo ciertas comunidades han podido acceder al mismo”.