El Ministerio Público Fiscal hizo una nueva presentación por las torturas a soldados en Malvinas. Analizó la inmersión en aguas heladas como método de tortura y casos de abuso sexual en un contexto de antisemitismo cometidos contra 24 víctimas. Pidió el llamado a indagatoria de 19 imputados.
RÍO GRANDE.- El titular de la Fiscalía Federal de ésta ciudad, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron el pasado martes 29 de marzo una ampliación de requerimiento en la causa en la que se investiga cómo las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado distintos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad en perjuicio de los soldados conscriptos.
Según consigna el portal Fiscales.gob.ar; en esta oportunidad la fiscalía sumó a los hechos investigados 22 casos de imposición de tormentos, por los que imputó a 18 oficiales y suboficiales del Ejército; y 2 de abuso deshonesto, imputando a otro suboficial; cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N° 3.
Esta ampliación, que incorpora los delitos sexuales y destaca hechos de antisemitismo, parte de un nuevo análisis que hizo el Ministerio Público Fiscal sobre las pruebas que se incorporaron a partir de desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos al conflicto por Islas Malvinas.
Asimismo, los fiscales describieron la actividad de inteligencia sobre los excombatientes y las organizaciones que los nucleaban desde el mismo momento de la rendición e incluso con posterioridad a la vigencia del Estado constitucional y acción psicológica ejercida por el aparato represivo estatal durante la guerra.
Además, ante el letargo de la causa, describieron en el documento las razones por las que el Estado argentino se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes.
A la espera de la Corte
La causa, que se inició en el 2006, está paralizada desde mayo del año pasado, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, estarían prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto –que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.
Antisemitismo y abusos sexuales
Según consta en la presentación del MPF, durante la guerra las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron contra cientos de soldados conscriptos diversos actos de tortura, entre ellos los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”, como así también, en el caso particular del RIM N°3, la inmersión en aguas heladas y el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío. Esos tormentos fueron la respuesta que dieron los superiores ante los reclamos por los padecimientos que generaron, fundamentalmente, la falta de abrigo y comida de la tropa.
El requerimiento describe el arraigado sentimiento antisemita dentro de las fuerzas armadas argentinas y señala que ya en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), presentado en 1984, se destacó que durante el terrorismo de Estado los individuos detenidos en centros clandestinos cuyos apellidos eran de origen judío, estuvieron expuestos a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura. Particularmente en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores.
Al respecto, la fiscalía citó el testimonio de un soldado que integró el RIMec Nº3, quien expresó que un subteniente -quien fue identificado e imputado- lo discriminaba constantemente por su condición religiosa. Expresó que el militar siempre hacía referencia a eso y le atribuía la culpa de todo lo malo que pasaba, provocando así resentimientos entre sus compañeros. “Flores Ardoino me castigó todos los días de mi vida en Malvinas por ser judío”, dijo.
De los hechos ya denunciados, junto a los padecimientos sufridos como la inmersión en aguas heladas, los estaqueamientos, las brutales golpizas y forzar a comer excrementos, la fiscalía agregó en esta ampliación los hechos de abuso sexual que sufrieron dos conscriptos.
En este sentido, el y la fiscal indicaron que los hechos delictivos previamente descriptos no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores. “Contrariamente, las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, señalaron, y agregaron que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.
Al respecto, citaron un fragmento de un informe emitido por el capitán de navío Eduardo Pérez Millán, dirigido al jefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada, en el que indicó que “pudo haber problemas de alimentación en el Ejército, pero más por inadecuada distribución que por falta de abastecimiento”.
Acciones psicológicas
Rapoport y Ramos señalaron que, tras el conflicto bélico, las fuerzas armadas implementaron, a través de múltiples acciones, una política tendiente al ocultamiento de aspectos relevantes sobre lo ocurrido, entre ellos, principalmente, las torturas infligidas a los conscriptos. Para ello, indicaron, entre otras medidas, dispusieron el control de la información mediante acciones psicológicas sobre los soldados e inteligencia ilegal sobre éstos y las organizaciones que los nuclean.
En ese marco, surge de las distintas declaraciones que se obligó a los excombatientes a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio. En su declaración testimonial, uno de ellos recordó incluso que lo amenazaron con hacerlo desaparecer si no firmaba.
De modo simultáneo a las acciones psicológicas dirigidas contra las víctimas, se ordenó la prohibición de dar declaraciones a la prensa y se efectuó un control sobre lo que era publicado en los medios de comunicación. Además, se hizo seguimiento de exconscriptos y agrupaciones de veteranos que realizaron denuncias, indicó la fiscalía.
También describió cómo, durante la guerra, desde el Estado Mayor Conjunto se terminó centralizando toda la información que se publicaba en medios periodísticos respecto de los hechos que ocurrían en Malvinas. Esto surge de la declaración en el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (conocido como Informe Rattenbach) del capitán de Fragata Salvio Olegario Menéndez, quien durante el año 1976 operaba como jefe de un Grupo de Tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada y estuvo a cargo del control de la información que se publicaba en los medios de comunicación respecto de la Guerra de Malvinas.