A través de un comunicado, la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma rechazó el proyecto del Gobierno que propone eliminar las pensiones RUPE. Apuntaron sus críticas contra el jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, y el vicegobernador Juan Carlos Arcando. “Buscan aprobar una ley que viene a traer más ajuste para los más vulnerables”, señalaron.
RIO GRANDE.- Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma en Tierra del Fuego rechazaron el proyecto de ley del Gobierno, que propone eliminar las pensiones RUPE y pagar, en cambio, un suplemento económico a las personas con discapacidad.
“Una vez más, el gobierno provincial y la Legislatura, en las personas de Gorbacz y Arcando, vuelven a avanzar sobre los derechos de las personas con discapacidad”, critica el comunicado, entendiendo que “buscan aprobar una ley sobre discapacidad que viene a traer más ajuste para los más vulnerables”.
“Como el año pasado, en el mes de enero y sin consultar a las personas con discapacidad ni a sus representantes, ignorando los proyectos de ley surgidos en la Comisión 5 (de la Legislatura) luego de un debate que llevó meses de trabajo”, detalla el texto.
En ese sentido, la central de trabajadores asegura que “el malestar y el repudio se propagó rápidamente al conocerse la noticia y personas con discapacidad, ONGs, grupos de familiares de las tres ciudades de la provincia, se comunicaron con la Comisión de Discapacidad de la CTA-A para definir acciones tendientes a contrarrestar esta nueva embestida”.
“En este marco, se definió difundir en la comunidad los alcances de este proyecto y convocar a manifestarse frente a la Legislatura en el caso de que se llame a sesión extraordinaria”, adelantaron.
Retroceso
Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA consideraron que se trata de un “proyecto de ley pergeñado bajo criterios puramente economicistas”, por lo que representa “un retroceso flagrante en materia de derechos para las personas con discapacidad de nuestra provincia”.
Describiendo el proyecto de ley señalan que “consta de poco más de una página, suficiente para barrer las pensiones provinciales y crear un programa de “Complemento Social Provincial” para beneficiarios de la Pensión Nacional No Contributiva por Invalidez. (Pensiones Nacionales). Este complemento consistiría en un monto equivalente a la diferencia entre lo que se percibe por la pensión nacional y la pensión RUPE, es decir algo más de $7.000”.
“La pensión RUPE es un derecho de la persona con discapacidad y surge con el fin de constituirse en un régimen de equiparación de oportunidades; en cambio la pensión nacional es una ayuda económica que se otorgan sólo en los casos con riesgo social “extremo”. Por ejemplo, ningún familiar obligado debe contar con ingresos para poder acceder al beneficio. Además Nación otorga un número limitado de pensiones por provincia de acuerdo a la cantidad de habitantes”, agrega el comunicado.
Para la CTA “de aprobarse este nuevo proyecto de ley, la cobertura de salud se brindaría a través del programa Incluir que los beneficiarios de pensiones nacionales obtienen. En este punto se profundiza el desentendimiento del Estado Provincial con respecto a los temas de salud, ya la Ley 1072 había dejado sin la cobertura por parte del ex IPAUSS a muchos pensionados RUPE”.
“A pesar de que el proyecto de ley establece que no abarcaría a los pensionados RUPE sino que se aplicaría para aquellos que quieran acceder a nuevas pensiones, tampoco se expresa acerca del destino que correrán aquellos beneficiarios RUPE cuando deban renovar sus pensiones; ni cómo se piensa subsanar las diferencias en cuanto a cobertura de salud (OSPTDF para algunos RUPE versus Programa Incluir Salud para otros)”, plantea el comunicado.
Cinismo
Asimismo, para la CTA merece un “párrafo aparte el cinismo con el que fueron escritos los fundamentos de este proyecto de ley”, cuestionando que “se invoca a la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad para violarlos una y otra vez”.
“A partir, por ejemplo, de la manera inconsulta en la que pretenden decidir sobre el futuro de estas personas. En la nota firmada por el vicegobernador Arcando, se reconoce que nuestra provincia no cumple con la Convención y que urge la implementación de políticas en relación a inclusión educativa, laboral, servicios de rehabilitación, accesibilidad edilicia, transporte, recreación, etc. Y recurren a este grave incumplimiento de inversión en políticas para las PCD para fundamentar con un criterio economicista, lo que sería un nuevo avasallamiento a sus derechos”, afirma la central de trabajadores.
“Ante semejante atropello convocamos a la población a estar alerta y acompañar a las personas con discapacidad en su reclamo”, concluye el texto.
