El Máximo Tribunal creó una Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, junto a la conformación de un registro de causas en las que se investiguen casos de criminalidad organizada. Según los ministros, “está en juego la seguridad de la población”.
BUENOS AIRES (Diariojudicial.com).- A través de la Acodada N°28/15, el Máximo Tribunal resolvió la creación de una Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, que estará integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus).
De esta manera, los jueces de la Corte destacaron que “desde el año 2009 han advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo; reclamo que ha sido reiterado en cada inauguración del año judicial efectuado en esta Corte Suprema”.
Asimismo, los ministros explicaron que “la gravedad de la situación fue puesta de manifiesto también por distintos jueces federales con competencia en la materia mediante notas y reuniones efectuadas en distintos ámbitos del país”.
En el marco del leading case “Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080”, en agosto de 2009 los magistrados exhortaron a todos los poderes públicos a “asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.
La Corte, en ese punto, recalcó que “el reclamo efectuado se fundamenta en la necesidad de actuar de manera concreta inmediata en todos estos temas, ya que está en juego la seguridad de la población”.
“La naturaleza de estos delitos, cuya cadena y organización supera la jurisdicción de un único tribunal, y su gran complejidad de investigación, exige que se extremen los esfuerzos de todas las autoridades fin de obtener los mejores resultados”, explicó el Máximo Tribunal.
A principios de 2014, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) declaró la “necesidad de accionar decididamente contra el narcotráfico”, y así exhortó a todos los jueces, “principalmente a aquellos que están en regiones donde este tema es más acuciante, que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva”.
Respecto a las medidas que se deben adoptar, los ministros advirtieron: “El esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta”.
“También la coordinación de (…) la comunicación entre los distintos tribunales judiciales, y de distintas instancias jurisdicciones, y de éstos con el Ministerio Público y las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia; la conformación de un registro de causa judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico delitos conexos; la capacitación de los operadores judiciales y la conformación de protocolos de actuación”, agregó la Acordada que lleva la firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Así, la nueva Comisión estará integrada con magistrados de la justicia federal de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus).
Entre las principales funcionales, la Comisión buscará “mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales, de distintas instancias jurisdicciones, de éstos con las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia”, y capacitar a los “operadores judiciales abocados la persecución del delito de narcotráfico”.
También, se establecerá un protocolo de actuación y de un registro de causas judiciales en las que “se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”, y se invitará a los poderes públicos del Estado, al Ministerio Publico Fiscal al Consejo de la Magistratura, a “coordinar esfuerzos para avanzar en la prevención persecución de estos delitos”.
