La CONADIS envió una nota oficial a la Legislatura Fueguina donde se hizo eco de los planteos efectuado por el observatorio de discapacidad fueguino y le solicitó que arbitre los medios para que el paquete de leyes votados en enero no afecte los derechos de las personas con discapacidad. La nota fue firmada por la presidenta del organismo, profesora Sara Valassina.
USHUAIA.- El Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) le envió una nota oficial a la Legislatura para que arbitre los medios para que “tome las medidas pertinentes” para que el paquete de leyes sancionado en enero pasado, entre ellos la modificación del sistema prestacional para las pensiones RUPE, no afecte “los derechos” de las personas con discapacidad.
La nota fue firmada por la presidenta de la CONADIS, profesora Sara Valassina, y fue enviada hacer algunos días al presidente de la Legislatura, Juan Carlos Arcando. En la misma se hace eco de de las acciones “promovidas por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Tierra del Fuego, en las cuales se hacen una serie de cuestionamientos a diferentes leyes de la provincia por repercutir disvaliosamente en los derechos de las personas con discapacidad”.
En ese sentido hace mención al descuento del 5 % dispuesto por la ley N° 1072/16 (artículo 3), modificatoria de la ley n° 389, a deducirse del importe bruto de las pensiones, para solventar los servicios de la Obra Social de la provincia de Tierra del Fuego, monto que resulta superior a la deducción que se les efectúa a los empleados estatales, del 3 %. También manifiesta que dicha ley no previó aspectos tales, como la capacitación, falta de profesionales destinados a la detección temprana de la discapacidad, inexistencia de un centro de rehabilitación integral de la discapacidad, y de la carencia de tratamientos de rehabilitación continua.
La CONADIS señaló: “Al respecto, no es ocioso recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por nuestro país por medio de la ley 26.378, y a la cual se le confiriera jerarquía constitucional por medio de la ley 27.044, vela expresamente por el derecho de las personas con discapacidad a la Salud (artículo 25) y a la Rehabilitación (artículo 26), circunstancia que debe merituarse con especial énfasis en el desempeño de una función tan sensible como la suya”.
Asimismo, recuerda que dicha Convención “ha puesto en cabeza de nuestro país el deber de fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Finalmente Valassina le rogó a Arcando que “tenga a bien adoptar, por intermedio de las Comisiones respectivas del organismo que usted preside, todas las medidas a su alcance para abordar de manera pronta y eficaz los cuestionamientos desarrollados, resguardando de tal manera los derechos de las personas con discapacidad en su provincia”.
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POR DERECHOS A DISCAPACITADOS
La CONADIS presentó un
reclamo a la Legislatura
La CONADIS envió una nota oficial a la Legislatura Fueguina donde se hizo eco de los planteos efectuado por el observatorio de discapacidad fueguino y le solicitó que arbitre los medios para que el paquete de leyes votados en enero no afecte los derechos de las personas con discapacidad. La nota fue firmada por la presidenta del organismo, profesora Sara Valassina.
USHUAIA.- El Gobierno Nacional a través de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) le envió una nota oficial a la Legislatura para que arbitre los medios para que “tome las medidas pertinentes” para que el paquete de leyes sancionado en enero pasado, entre ellos la modificación del sistema prestacional para las pensiones RUPE, no afecte “los derechos” de las personas con discapacidad.
La nota fue firmada por la presidenta de la CONADIS, profesora Sara Valassina, y fue enviada hacer algunos días al presidente de la Legislatura, Juan Carlos Arcando. En la misma se hace eco de de las acciones “promovidas por el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Tierra del Fuego, en las cuales se hacen una serie de cuestionamientos a diferentes leyes de la provincia por repercutir disvaliosamente en los derechos de las personas con discapacidad”.
En ese sentido hace mención al descuento del 5 % dispuesto por la ley N° 1072/16 (artículo 3), modificatoria de la ley n° 389, a deducirse del importe bruto de las pensiones, para solventar los servicios de la Obra Social de la provincia de Tierra del Fuego, monto que resulta superior a la deducción que se les efectúa a los empleados estatales, del 3 %. También manifiesta que dicha ley no previó aspectos tales, como la capacitación, falta de profesionales destinados a la detección temprana de la discapacidad, inexistencia de un centro de rehabilitación integral de la discapacidad, y de la carencia de tratamientos de rehabilitación continua.
La CONADIS señaló: “Al respecto, no es ocioso recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por nuestro país por medio de la ley 26.378, y a la cual se le confiriera jerarquía constitucional por medio de la ley 27.044, vela expresamente por el derecho de las personas con discapacidad a la Salud (artículo 25) y a la Rehabilitación (artículo 26), circunstancia que debe merituarse con especial énfasis en el desempeño de una función tan sensible como la suya”.
Asimismo, recuerda que dicha Convención “ha puesto en cabeza de nuestro país el deber de fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Finalmente Valassina le rogó a Arcando que “tenga a bien adoptar, por intermedio de las Comisiones respectivas del organismo que usted preside, todas las medidas a su alcance para abordar de manera pronta y eficaz los cuestionamientos desarrollados, resguardando de tal manera los derechos de las personas con discapacidad en su provincia”.
