La foto pertenece al trabajador que se electrocutó mientras manipulaba un transformador de la Cooperativa Eléctrica y fue tomada en el quirófano del Hospital Regional Río Grande. El nosocomio denunció penalmente el hecho e inició un sumario administrativo contra los responsables.
RIO GRANDE.- A instancias de un reclamo de la familia de Enrique Brizuela, el operario de la Cooperativa Eléctrica que en noviembre del año pasado recibió una descarga de 13:000 voltios en su cuerpo y que afortunadamente sobrevivió; el Ministerio de Salud de la provincia tomó medidas para que se investigue y se sancione a los responsables de tomar fotografías, durante una de las cirugías realizadas, al paciente y divulgarlas a través de Whatsapp.
La intervención fue realizada el 19 de noviembre de 2019 y pocas horas después, una foto de la operación tomó estado público, conmocionando a la familia por la trascendencia que había adquirido. Inmediatamente, Luis Enrique Brizuela, padre del joven operario, solicitó la intervención del fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, para investigar cómo se produjo la difusión de la imagen, siendo que había sido obtenida en el marco de un acto profesional en el quirófano del Hospital Regional Río Grande.
Ante esta solicitud, el fiscal pidió al Ministerio de Salud que indique si existía algún protocolo o reglamento que regule la documentación fotográfica o fílmica de los procedimientos médicos llevados a cabo en los establecimientos de salud provinciales y reclamó medidas al respecto.
Además de brindar un informe pormenorizado sobre lo actuado desde el momento de la internación del paciente y los datos del personal interviniente en el quirófano en esa oportunidad, el Ministro de Salud agregó copia de la denuncia penal iniciada por el director del Nosocomio Dr. Juan Pablo Zarza, para que se investigue la presunta comisión del delito tipificado en artículo 157 del Código Penal. Precisamente, establece “una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
Asimismo, el Ministerio adjuntó una nota remitida por la Dra. Alicia Herrera confirmando que “si bien en este nosocomio no se cuenta con un protocolo respecto a la toma de documentación fotográfica y/o fílmica, al ser un hospital escuela, se acostumbra a la toma de fotografías con la autorización del paciente o de su representante legal”.
Por último, las autoridades de salud informaron el inicio de una investigación sumaria para dar con los responsables y determinar desde qué línea o equipo de telefonía se originó el envío de la imagen.
Dignidad de los pacientes
El fiscal Martínez de Sucre, señaló en su dictamen, que “el sumario administrativo disciplinario es independiente de la causa penal, y citó jurisprudencia que indica que “si bien la administración no puede prescindir de las conclusiones a las que se arribe en el ámbito judicial, ella puede aplicar sanciones en resguardo de la moral, el decoro y el prestigio de su actividad” y que “las resoluciones penales no pueden considerarse óbice para la aplicación de sanciones disciplinarias”.
En su reclamo, el padre de Brizuela había expresado la necesidad de promover la creación de un protocolo que regule la toma de registros y que resguarde las imágenes y la dignidad de los pacientes; inquietud que el Fiscal compartió. Por ello, instó al Ministerio de Salud a tomar las medidas necesarias para implementar “un protocolo que tenga como objeto fundamental homogeneizar criterios y procesos referente al registro, documentación y toma de imágenes fotográfica y/o fílmica de los procedimientos médicos llevados a cabo en pacientes que se atiendan en establecimiento de saludo pública dependientes de la provincia. Deberá respetar los lineamientos previstos por la ley nacional 26529 y demás normas aplicables y estar centrado en la dignidad y cuidado que merece el paciente”.
También señala que dicho protocolo “deberá garantizar la integridad e intimidad del paciente, adoptando medidas para evitar la divulgación de material sensible al público en general, generando compromiso y comprensión de las responsabilidades de los profesionales intervinientes”.
