En su última reunión del año, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados culminó ayer su trabajo. Se acusa a los magistrados de “mal desempeño de sus funciones” en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación, de la ley del 2×1 en favor de represores y el manejo de la obra social del Poder Judicial.
BUENOS AIRES (NA).- La oposición, en tanto, celebró el final de este “entretenimiento” y presentó un dictamen de minoría.
De esta forma, los dictámenes quedaron listos para ser tratados en el recinto, y tendrán una vigencia de tres años.
Sin embargo, el oficialismo necesitará de una mayoría especial de dos tercios de los votos para poder designar a una comisión acusadora formada por tres diputados, para que sostengan la acusación ante el Senado.
Y luego en la Cámara alta, en el remoto caso de que llegue el dictamen de la acusación, también se exigirá la misma mayoría especial para la remoción de los jueces.
El Gobierno entrante de La Libertad Avanza ya avisó que no le interesa impulsar el juicio político contra los cuatro cortesanos.
Se trata de un escenario prácticamente imposible, habida cuenta de que el propio presidente electo, Javier Milei, ya desestimó el juicio político y el designado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo que procedimiento contra los magistrados es “algo ilegítimo” e “infame” que “tiene que terminar”.
Dictamen
El dictamen de mayoría contiene a los cuatro causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema que fueron desarrollados a lo largo de las 26 reuniones que hubo en el año.
Se trata del fallo del 2×1 de conmutación de las penas a represores de la última dictadura cívico militar, las irregularidades en la prestación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado nacional, y el fallo respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura.
Las 16 firmas a este dictamen fueron aportadores por la totalidad de los miembros del oficialismo: la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard; Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.
Sostuvo Leopoldo Moreau que “Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, siguió.
Para el radical kirchnerista, las sentencias de la Corte cuestionadas en este juicio político “se transformaron en objeto de desviación de poder”.
Por su parte, el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli celebró haber llegado a “la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”.
El abogado macrista consideró que la arremetida oficialista contra la Corte tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces”.
Ultima reunión
Este último encuentro estaba originalmente previsto para el viernes 17 de noviembre pero por la cercanía con el balotaje se decidió postergarla aprovechando la prórroga de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, y así evitar que el tema quedara instalado en medio de la campaña.
El propio (ex) candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien nunca estuvo demasiado convencido de la pertinencia y conveniencia de un juicio político contra la Corte, fue quien solicitó dicha reprogramación.
La anterior reunión del 7 de noviembre pasado había terminado en un escándalo ya que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, la dio por terminada a dos minutos de haberse iniciado para evitar que se generara una discusión sobre la presunta red de espionaje que involucra a Rodolfo Tailhade por las filtraciones de chats con el espía preso Ariel Zanchetta.
A dicha reunión habían sido convocados los jueces que no habían hecho el descargo por escrito de los cargos, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pero se ausentaron.
En tanto, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz habían contestado previamente planteando por separado irregularidades que se cometieron a lo largo del proceso y advirtieron que muchos de los cargos formulados por la comisión carecen de las precisiones mínimas.