Hidrocarburos y reforma agraria, retos en la nueva fase del Gobierno de Castillo

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Fue una semana tensa en Perú, con la renuncia del jefe de Gabinete, Guido Bellido, resistido por la derecha y los sectores conservadores, y la asunción de la abogada izquierdista Mirtha Vásquez.

LIMA (TELAM).– El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, comenzó esta semana una nueva fase, en la que buscará concretar sus promesas de cambio, pero ya sin el ambiente de confrontación que, en opinión extendida, imprimía el anterior jefe del gabinete ministerial Guido Bellido.

“Somos conscientes de los grandes retos que tenemos: construir un país más justo y equitativo, con oportunidades de trabajo, con mejor economía, con hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, con un sistema de salud fortalecido”, dijo Castillo el viernes al renovar compromisos en el primer acto público en que estuvo con la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

El presidente, un profesor rural quechuahablante, sin experiencia previa en administración pública y que llegó al poder con un partido que se define marxista-leninista, Perú Libre (PL), está empeñado en una serie de cambios.

Entre ellos destacan coyunturalmente la llamada Segunda Reforma Agraria y la renegociación de los contratos con el consorcio privado que explota los yacimientos gasíferos de Camisea, aunque se traten de procesos de largo plazo.

“Se fue la provocación, entra el misterio. Se fue la locura, entra un relativo apaciguamiento”, resumió el influyente periodista César Hildebrandt sobre la semana en que Castillo le quitó el bastón de mando a Bellido, un beligerante miembro de la cúpula de PL, para dárselo a Vásquez, una abogada de izquierda, con compromisos con los derechos humanos, el ambientalismo y el feminismo, reconocida por la búsqueda de consensos y el respeto a las diferencias.

Vásquez, cuyo nombramiento fue recibido en general con complacencia por la oposición “moderada”, cautela por la “radical”, molestia por el sector fundacional de PL y satisfacción por el resto de la izquierda, ya se interioriza en la reforma agraria, Camisea y los demás temas de la agenda.

Para Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro, un foro que suele representar la voz de pequeños y medianos agricultores, “después de muchos años, hay un Gobierno que le da importancia a la seguridad alimentaria y está al servicio del 98% de los actores del campo”, en referencia a la prometida reestructuración del sector.

Entre 1968 y 1975 Perú tuvo una de las reformas agrarias más radicales que haya visto Sudamérica, bajo el gobierno militar de izquierda de Juan Velasco Alvarado y que continuó incluso hasta 1979 bajo la también dictadura castrense de Francisco Morales Bermúdez, aunque esta fuera de signo conservador.

Según el investigador Fernando Eguren, en ese lapso se expropiaron 15.826 fundos que sumaban más de nueve millones de hectáreas entregadas a unos 370.000 campesinos.

La clase latifundista fue erradicada, pero errores en el proceso le restaron efectividad, según sus críticos, lo que explicaría que hoy las tareas del campo sigan siendo pobres, salvo por la agroindustria con destino a la exportación en la costa norte.

Esta vez, según aclaró enfáticamente el Gobierno, la reforma no tendrá nada que ver con expropiaciones: “No es parte de la propuesta, está descartado. Básicamente consiste en promover el desarrollo integral de las zonas rurales”, dijo el ministro de Agricultura, Víctor Mayta, un abogado de 29 años nacido en una comunidad quechua del departamento de Cusco.

Según Mayta, el programa se resume en cinco líneas estratégicas: “La creación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, el ajuste a una franja de precios, la creación de un programa de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar, la protección y cuidado del agua y la asociatividad y cooperativismo”.

Para el dirigente agroexportador Fernando Cillóniz, la proyectada reforma es “una gran estafa”, pues los cerca de 150 millones de dólares que se le destinarán serán absorbidos por “la burocracia elefantiásica”.

Ante estas críticas Cárdenas respondió: “Se dieron cuenta (los grandes empresarios) de que no habrá expropiaciones, pero siguen desestabilizando”.

Por otro lado, Vásquez ya se puso al frente de una comisión que renegociará Camisea, de la que hacen parte los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia, Economía, Comercio y Energía, el viceministro de Hidrocarburos y el presidente de la estatal Perupetro.

El consorcio, formado por la empresa argentina Pluspetrol (27% de participación), la estadounidense Hunt Oil (25,4%), la surcoreana SK Innovation (17,6%), y la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, con 10% cada una, ya aceptó renegociar, tras el énfasis con que Castillo aclaró que se respetará estrictamente el marco jurídico.

Ese énfasis fue necesario después de que Bellido, al anunciar la renegociación, dijo, contra la idea de Castillo, que en caso de no haber acuerdo los yacimientos, que producen en tres pozos de 43 a 48 millones de metros cúbicos diarios -más de 92 % del gas natural de Perú-, pasarían a ser administrados por el Estado mediante nacionalización.

La negociación, compleja y técnica, apunta a que el consorcio deje más utilidades para el Estado –ahora deja entre 39 y 61 % en impuestos y regalías según el pozo- y, sobre todo, a que se cumpla con el objetivo de masificar el gas doméstico para la población.

Castillo, que esta semana además ratificó la continuidad como presidente del Banco Central de Julio Velarde, economista ortodoxo que desde ese cargo maneja la política monetaria desde 2006, tienen además promesas en salud, educación, empleo, pensiones, costo de servicios y políticas tributarias, además de una con muchos más obstáculos: una nueva Constitución.

Para analistas, los retos para el Gobierno de Castillo, que se instaló en julio, pasan por enfrentar a una oposición “dura” de derecha que quiere sacarlo, articular con sectores moderados e imponer orden en el oficialismo, todo sin dejar de lado las promesas de cambio que explican su triunfo electoral.

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