A través de un proyecto ingresado en la Legislatura, el Gobierno provincial proponen modificar la Ley 389 de Pensiones RUPE, aunque esto no afectará a los actuales 1.200 beneficiarios. A futuro, las personas con discapacidad deberán tramitar una pensión por invalidez del Estado Nacional y cobrar un ‘suplemento’ provincial.
RIO GRANDE.- El Gobierno provincial ingresó un proyecto a la Legislatura proponiendo sustituir “las pensiones RUPE por discapacidad por un suplemento económico que permita que las personas puedan obtener su pensión a través del Estado Nacional”.
De este modo, a partir de la sanción de este proyecto de ley, las personas con discapacidad deberán tramitar una “Pensión No Contributiva por Invalidez” ante las oficinas del Estado Nacional que funcionan en la Provincia, y obtener luego “una suma abonada por el Estado fueguino para llegar al valor de un 100 de la categoría 10 PAyT” tal como establece la Ley 389.
Esto significa que la Provincia pagará la diferencia existente entre el monto de una pensión por invalidez nacional y lo establecido por la Ley 389, es decir, el equivalente al 100% del sueldo de una categoría 10 PAyT de la administración pública provincial.
Actualmente, la Provincia otorga alrededor de 16 millones de pesos a través de 1.200 pensiones RUPE. La iniciativa aclara, sin embargo, que estas modificaciones no se aplicarán “para aquellos beneficiarios de pensión por discapacidad otorgadas bajo las prescripciones de la Ley provincial N° 389”.
El proyecto -que lleva la firma del vicegobernador Juan Carlos Arcando- argumenta que el monto de las pensiones RUPE es “superior al de las pensiones nacionales y a cualquier otra pensión otorgada en el territorio nacional”, por lo que “marcan la prioridad que nuestra sociedad le ha dado a la inclusión de las personas con discapacidad y su bienestar”.
“Sin embargo, el tiempo ha demostrado que las pensiones, aun siendo significativas en términos económicos, no alcanzan a lograr por sí mismas la inclusión y la igualdad de oportunidades”, agrega el proyecto.
Para el Gobierno “evidentemente se requieren de otras políticas: inclusión educativa, inclusión laboral, acceso a servicios de rehabilitación de calidad, accesibilidad edilicia, transporte, recreación, etc”.
“Esas políticas que aún faltan desarrollar para lograr la manda de la convención internacional requieren recursos económicos para poder llevarse adelante”, señala la propuesta.
Y plantea que resulta necesario “hacer un uso eficiente de los recursos que nos permita, por un lado, mantener un sistema que posibilite seguir otorgando pensiones en respuesta a la demanda continua que se presenta, sin disminuir el valor de la prestación, al tiempo que reservar recursos para desarrollar el resto de las políticas de discapacidad que resultan imperiosas”.
“En ese sentido debemos analizar un dato significativo: Tierra del Fuego es la provincia que menos pensiones nacionales por discapacidad ocupa en términos proporcionales a su población”, explica el proyecto, señalando que esto se debe a que el monto establecido por la Ley 389 motivó que muchos beneficiarios renunciaran a la pensión nacional para acceder al régimen provincial.
‘Subsidiando a Nación’
Para el Gobierno “la provincia ha asumido de manera casi exclusiva la inversión económica para el sostenimiento de las pensiones, ‘subsidiando’ de manera indirecta al Estado Nacional, que dejó de invertir en este rubro en el territorio de la provincia”.
“Se impone entonces la necesidad de revisar esta situación, porque la política de discapacidad requiere de la utilización de todos los recursos disponibles, de modo que un esquema de complementación Provincia-Nación permitiría disponer de más recursos para destinarlo a políticas que permitan lograr verdaderamente la inclusión y participación plena en la comunidad de todas las personas”.
De esa forma, el Ejecutivo propone “sustituir a partir de ahora las pensiones RUPE por discapacidad por un suplemento económico que permita que las personas puedan obtener su pensión a través del Estado Nacional, que se pueden tramitar en el territorio de la Provincia a través de las oficinas habilitadas y luego obtener una suma abonada por el Estado Provincial para llegar al valor de un 100% de la categoría 10 PAyT”.
“De esta manera, el beneficiario seguiría obteniendo una pensión del mismo valor que hoy se otorga, pero compartiendo el esfuerzo económico con la Nación y liberando así recursos para destinar a otras acciones fundamentales en materia de discapacidad.
Y tendrá garantizada además, su cobertura de salud a través del programa “Incluir Salud” que los beneficiarios de pensiones nacionales obtienen.
Para las pensiones vigentes que ya fueron otorgadas, se propone la continuidad bajo el mismo régimen de la ley 389 y sus modificatorias, de modo de no generar ninguna complicación a las personas que ya hicieron su trámite en el régimen provincial y ya obtuvieron su pensión.
“Esta propuesta legislativa nos permitirá, a partir de aumentar los recursos disponibles, garantizar derechos que hoy están siendo desatendidos”, sostiene el vicegobernador Juan Carlos Arcando.
Características
Podrán acceder al programa especial quienes obtengan una “Pensión No Contributiva por Invalidez” de Nación y tengan una residencia mínima ininterrumpida de cinco años en la Provincia “a excepción de aquellos menores de 5 años de edad que hayan nacido en la provincia y mantenido su residencia permanente en ella”.
Por otra parte, los beneficiarios del “Programa Especial de Complemento Social Provincial” podrán mantener el beneficio mientras acrediten el cobro regular de la pensión nacional por invalidez y su residencia real y permanente en la Provincia. “La ausencia del beneficiario en la Provincia por más de noventa 90 días -continuos o discontinuos- al año, será causal de caducidad, salvo cuando la misma fuera a causa de derivación por razones de salud”.
“Cuando la ausencia del beneficiario en la provincia se deba a razones de estudio debidamente acreditadas, el pago del suplemento será suspendido temporalmente. El beneficio será restablecido si antes de transcurridos seis años el beneficiario restableciera su residencia permanente en la Provincia, y caducará si así no lo hiciera”, detalla el proyecto de ley.
