El Gobierno nacional avanzó con dos instrumentos para mejorar el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo: por un lado, incorporó a las universidades en la evaluación de su aplicación y, por otro lado, estableció una Carta de Obligaciones y Derechos con lineamientos para prevenir “manejos indebidos” en su ejecución por parte de las organizaciones sociales.
BUENOS AIRES (TÉLAM).- Con su publicación en el Boletín Oficial, el ministerio de Desarrollo Social presentó el pasado viernes la denominada Carta de Obligaciones y Derechos del programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de “evitar manejos indebidos” de las organizaciones sociales en su ejecución y para “difundir los canales de reclamo y denuncia existentes”, por medio de una resolución del secretario de Economía Social, Emilio Pérsico.
“En el marco de la experiencia recabada durante la implementación del Programa, resultó necesario crear una Carta Básica de Derechos y Obligaciones para trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, inscriptos en el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social–”Potenciar Trabajo”.
Entre las obligaciones de quienes se inscriban en el programa, en la carta figuran el “cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales dentro de su plan de actividades y grupo de trabajo de su Unidad de Gestión o Certificación” y detalla las actividades contempladas: “Tareas de cuidados y servicios sociocomunitarios, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, comercio popular y actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral”.
Alternativamente, los trabajadores y trabajadoras pueden optar por realizar procesos de terminalidad educativa que serán acreditados por la Unidad de Certificación.
Además, la norma recuerda “que ninguna persona o autoridad de las Unidades de Gestión o Certificación del Programa Potenciar Trabajo puede “exigir dinero, como ‘aporte’ o ‘cuota’ bajo amenaza ni exigir participar de actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza distinta a las laborales o educativas del programa”.