El precandidato a diputado nacional, Ricardo Garramuño, en su carrera por ocupar una de las bancas del Congreso, explicó una de sus propuestas en caso de representar a los fueguinos en la Cámara Baja. En pocas líneas argumentó su proyecto para defender los hidrocarburos de la provincia.
USHUAIA.- El actual concejal de esta ciudad y precandidato a diputado nacional, Ricardo Garramuño, manifestó su preocupación ente el problema de la industria hidrocarburífera y la intención de YPF de redefinir su actividad en Tierra del Fuego. Ante este panorama, brindó algunas precisiones respecto de su proyecto para defender los recursos hidrocarburíferos provinciales.
Garramuño señaló que recientemente y a través de revistas especializadas de la actividad petrolera, se conoció que la empresa YPF se encuentra redefiniendo un esquema de cesión y asociación de áreas maduras de hidrocarburos que no son consideradas, por la empresa, como activos estratégicos.
El motivo es que quieren canalizar los recursos provenientes de su actividad, y habida cuenta de las dificultades para conseguir financiamiento externo debido al actual nivel de riesgo país, a los yacimientos no convencionales (Vaca Muerta), viendo la posibilidad de asociarse con empresas de menor volumen, a efectos de que la economía de escala hagan rentable la operación de yacimientos maduros con alto costo operativo.
La idea, según trascendió, es la de traspasar áreas maduras agrupadas en Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego.
Por el art. 124 de la reformada Constitución Nacional, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, ratificado para el caso de los hidrocarburos por la sanción de la ley 26197 (ley corta), cuyo dominio originario lo extiende hasta una distancia de 12 millas marinas medidas desde las líneas de base para las provincias con litoral marítimo.
Esto habilitó a las provincias productoras agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), a iniciar un proceso de renegociación de las concesiones que se encontraban vigentes, para extender los tiempos de las mismas, a cambio de incremento en las regalías, ingreso por canon extraordinario, y futuras inversiones para desarrollo y explotación de los yacimientos existentes.
Después de varios años de negociaciones, la Tierra del Fuego acordó con YPF la extensión de su concesión del Area TDF, donde se encuentran los yacimientos Cañadón Piedras, Cabo Nombre, Cabeza de León, y San Sebastián, de cuya planta de separación se conecta el gasoducto San Martín y el gasoducto fueguino, que abastece de gas natural a las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Con la sanción de la Ley 27007 (llamada ley Gallucio porque fue propuesta por YPF), se reformó la histórica Ley 17319 (existente desde el año 1967) a efectos de incorporar la normativa que contemplara los yacimientos no convencionales, limitara a las Provincias la conformación de empresas provinciales y extendiera a más años las prórrogas de las concesiones de explotación de hidrocarburos.
El precandidato a diputado nacional explicó en este sentido que “esta ley fue apoyada por todas las gobernaciones, a nuestro entender equivocadamente, ya que avanzaba sobre recursos provinciales debidamente consagrados en la ley 26197 (ley corta)”.
El actual Concejal de la ciudad de Ushuaia, recordó que, “en aquel entonces, mi padre, el senador Jorge Garramuño, fue el único representante provincial que votó en contra, porque se avanzaba sobre recursos provinciales de modo flagrante, al modificar la manera de calcular el canon extraordinario, el cual se abonaba con la firma de la extensión de la concesión, y era el equivalente a un año de regalías, como así también los obstáculos incorporados para la conformación de empresas provinciales”.
Entendió que “sería saludable que la Provincia fuera la que tomara cartas en el asunto ante el claro desinterés y desidia de YPF, manifestado a la prensa por el propio Gobernador, por incumplimiento de inversiones, que claramente deberían haber sido penalizados con multas, las cuales de acuerdo a la normativa vigente van escalando de acuerdo a la magnitud y el tiempo de los incumplimientos, pudiendo llevar a solicitar la caducidad de la concesión”.
En este marco dijo que dejar que YPF haga acuerdos con otras empresas interesadas y que realice acuerdos comerciales que la beneficien, cuando está claro que no les interesa continuar en Tierra del Fuego, “es tolerar una situación irregular desde el punto de vista jurídico, y claudicar de antemano esperando que el incumplidor traiga las soluciones, que básicamente deberían ser cumplir con los compromisos asumidos”.
Es por eso que “sería razonable que la Provincia solicite a los legisladores, la sanción de la ley de conformación de la empresa provincial, de estructura austera y técnica, y pueda asociarse con quien la Provincia considere mejor para sus intereses, ya que es la que va a tener que enfrentar el futuro conflicto social por la salida de una empresa de la talla de YPF, y por ser la titular del recurso económico”.