El único concejal que votó en contra de la iniciativa del intendente Walter Vuoto fue Juan Carlos Pino, un acérrimo defensor de las políticas de Rosana Bertone. Entre los seis sufragios a favor se contó el de Hugo Romero, que pertenece al Frente para la Victoria. Una fuerte presencia policial en el recinto fue repudiada por gremialistas y trabajadores.
USHUAIA.- Con los votos de seis concejales y la única negativa del concejal Juan Carlos Pino, alineado con la gobernadora Rosana Bertone, se aprobó el proyecto de ordenanza por el cual el Ejecutivo Municipal queda facultado a no a acatar la Ley de Emergencia de la Seguridad Social, en cuanto al descuento salarial para el aporte al Fondo Solidario para reforzar el sistema previsional de la Provincia.
El voto afirmativo fue de los concejales Juan Manuel Romano (UCR), Gastón Ayala (MPF), Ricardo Garramuño (MPF), Tomás Bertotto (PRO), Silvio Bocchicchio (PSP) y el de Hugo Romero, del Frente para la Victoria, edil éste que se rebeló contra la decisión del Poder Ejecutivo Provincial, que es de su mismo signo político.
La sesión del Concejo se realizó con normalidad, con la presencia de numerosos trabajadores de la Municipalidad, pero lo único que empañó la jornada fue el pedido del concejal Juan Carlos Pino de rodear el recinto del cuerpo legislativo con policías, que en gran número se hicieron presentes en el lugar.
La exagerada seguridad que dispuso Pino mereció el repudio de los gremialistas y de los trabajadores que pidieron el retiro del personal de la fuerza policial, dando garantías que la sesión se iba a poder realizar con total normalidad.
El proyecto de ordenanza que fue aprobado, fue el que remitió el intendente Walter Vuoto, por el cual se declara inaplicable la Ley 1068 en sus artículos 5° y 9° que dispone un descuento salarial al personal municipal. Ahora, se descuenta la promulgación de la herramienta legal por parte del Intendente, para descomprimir el conflicto que llevaban adelante los empleados.
Autonomía municipal
Una vez finalizada la votación Vuoto agradeció el acompañamiento a la norma sobre la que cada uno de ellos, pertenecientes a distintos bloques políticos, fundamentaron la defensa de la autonomía municipal y la búsqueda de una salida en paz a la conflictividad social instalada en la ciudad a partir de los descuentos a los trabajadores municipales.
Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, alineado políticamente con al gobernadora Rosana Bertone, votó en disidencia y sostuvo que correspondía hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando declare la inconstitucionalidad de la Ley 1068.
Hugo Romero, del FPV, explicó que después de una tarea ardua de los equipos técnico-jurídicos del Municipio y de los concejales se pudo plasmar el texto del proyecto y luego a continuación se dio por finalizada la sesión, abriendo otra especial en la que se rechazó el intento de la provincia de cobrar el impuesto inmobiliario, a través del proyecto impulsado por el concejal Gastón Ayala.
Autonomía defendida
Tras la decisión del Concejo de rechazar el descuento salarial a los empleados municipal, como así también la transferencia del cobro del impuesto inmobiliario, el secretario de Gobierno municipal, Oscar Souto, señaló que “realmente fue una jornada en la cual quedó registrada la voluntad de una amplia mayoría de concejales de la ciudad”
El funcionario dijo que “la facultad del intendente de fijar salarios, no podía ser a nuestro entender, limitada por esta ley, los concejales entendieron que se violaba la autonomía municipal y por otro lado se le restringía el salario a los trabajadores”.
Souto lamentó que “un solo hecho empañó la jornada que es una inusitada presencia policial, por primera vez en la historia del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, hizo que esta sesión se lleve adelante con alrededor de 40 policías en inmediaciones del recinto, en salones contiguos y en las proximidades del Concejo esto a los trabajadores no les gustó, a los concejales no le gustó y mucho menos al Ejecutivo municipal”.
Por último, Souto recordó que “hay un pedido de adhesión al que todos los funcionarios adheriremos, también se le hace al Juzgado de Faltas para que adhieran sus funcionarios de mayor rango, el Juez de faltas, su secretario y su prosecretario, este aporte si va a ser solidario porque va a ser voluntario. Todo el conjunto de funcionarios vamos a adherir a lo que nos dicta la ordenanza”.
