Fiscales inician investigación preliminar por la actuación de las fuerzas de seguridad

COMPARTIR
Incidentes ocurridos el 14 de diciembre, en los alrededores del Congreso. (Foto NA).

Es por los operativos del jueves 14 de diciembre pasado, en el que la Gendarmería tuvo un rol protagónico, y en el del lunes 18, cuando se terminó aprobando la ley de reforma previsional, el cual estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y luego la Federal.

BUENOS AIRES (Especial de NA por Sergio Farella).- Una fiscalía inició una investigación preliminar con pedidos de informes a las tres fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos de las últimas semanas frente al Congreso de la Nación, Policía Federal, Policía de la Ciudad y la Gendarmería Nacional, ante sospechas de abuso en el accionar represivo.

La investigación preliminar la inició la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que dirige Andrés Heim y el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y es por los operativos del jueves 14 de diciembre pasado, en el que la Gendarmería tuvo un rol protagónico, y en el del lunes 18, cuando se terminó aprobando la ley de reforma previsional, el cual estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y luego la Federal.

Ante la Procuvin se presentaron varios organismos de Derechos Humanos así como particulares y se denunció abuso policial y detenciones arbitrarias: en el último operativo hubieron 70 detenidos que fueron liberados en una causa ya iniciada por el juez federal Sergio Torres, quien estaba de turno en ese entonces.

Por medio de los ministerios de Seguridad porteño y de la Nación, la Procuvin indagó a autoridades de las tres fuerzas federales sobre la organización previa de ambos operativos: busca determinar quién o quiénes estaban al mando, las órdenes de servicio, los sistemas de turnos, el servicio de policía adicional, la nómina con la totalidad de efectivos y el equipamiento asignado.

Además, solicitó que aporten las grabaciones de las modulaciones radiales, la nómina de vehículos que intervinieron, así como también qué tipo de armamento se dispuso para dispersar la protesta, “remitiendo certificados y fecha de vencimiento” pues se había informado que el gas lacrímogeno utilizado por Gendarmería Nacional había caducado.

La Procuvin inició la IP (Investigación Preliminar) a partir de los testimonios que recibió y en los próximos días evaluará si realiza una denuncia formal para que un juez designado por sorteo inicie una investigación completa.

La sospecha de abuso policial y del mal accionar por parte de la fuerza de seguridad, en especial la Policía de la Ciudad, forma parte de una causa ya iniciada en el juzgado de Torres.

Torres recibió la comunicación ese lunes 18 y el día siguiente, más allá que los 70 detenidos recuperaron su libertad a las pocas horas, pero siguen sujetas a la investigación.

Para avanzar en este sentido, el juez evaluó que gran parte de las detenciones no tenían fundamento alguno y no eran aquellas personas que las cámaras de televisión habían registrado en la avanzada que arrojó piedras y otros elementos hacia la fila de efectivos que intentaba dispersarlos.

Un caso es el de un indigente que fue detenido en las inmediaciones del Congreso y otros tantos también habrían sido arrestados “al voleo”, sin una clara participación en la violenta manifestación.

A eso responde que todos fuesen liberados, pese al estupor de la opinión pública que contrapone esa decisión a la imagen de la lluvia de piedras y destrozos de un grupo de manifestantes.

Pero no todos son “inocentes”, dado que sí hay elementos como para sospechar en la planificación o bien participación de algunos de los 70 apresados en los hechos, como la de una persona que daba expresas indicaciones a un grupo de manifestantes violentos.

La visualización de las imágenes y los sumarios policiales que aún se aguardan ayudarán -especulan las fuentes consultadas por NA- a aclarar el panorama.

El juzgado evalúa la existencia de tres grupos: los manifestantes que fueron a provocar desmanes y que previamente fueron organizados, aquellos que tuvieron una mínima participación pero que no estaban “coordinados” y los que sólo fueron a ejercer su derecho constitucional sin ningún tipo de violencia.

Está claro que estos últimos, que a claras luces fueron la mayoría de los que asistieron aquel 18 de diciembre, no tendrán ningún tipo de persecución penal como sí lo tendrán los de los otros dos grupos.

Mientras la investigación por el abuso policial así como por la violencia de los manifestantes sigue su curso, se evalúan los daños producidos en cifras: la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aportó un informe ante el juez Torres en el que indicó que los gastos por los destrozos del 18 ascienden a un total de 23.381.639 pesos y la del jueves 14 unos 14.350.420 pesos.

El organismo que conduce Gabriel Astarloa presentó un pedido para ser tenido como parte querellante ante el juez Torres y en él cita detalladamente los daños, aunque aún falta que sea evaluado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

Las roturas y daños ocasionados ese 18 de diciembre implica una limpieza por 5.616.000; reparación de veredas por 6.000.000; recuperación de espacios verdes por 11.477.639 pesos; y limpieza de graffitis por 282.800 pesos.

La estimación de daños es no sólo para calificar el delito en función de los destrozos, pues se puede convertir en daño agravado, sino también para eventuales demandas civiles.