El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA mediante la “transferencia del 90% de las acciones de la empresa en manos del Estado”, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.
BUENOS AIRES (NA).- La transferencia será a través de un esquema mixto que combina una Licitación Pública Nacional e Internacional para seleccionar un operador estratégico, y una Oferta Pública Inicial para abrir el capital de la empresa a inversores, detalló el funcionario en una conferencia de prensa en Casa Rosada.
La empresa dedicada a la provisión de agua corriente y cloacas estaba en la lista de compañías estatales sujetas a privatización que contiene la Ley de Bases, impulsada por la gestión de Javier Milei y aprobada por el Congreso el año pasado.
Desde 2006 el Estado nacional posee el 90% de las acciones, que durante el gobierno de Néstor Kirchner fueron absorbidas bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, consignó el Gobierno en un comunicado.
La administración de Milei pretende ahora entregar ese 90% a empresas privadas, aún no especificadas, y dejar el 10% restante a los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada.
“En esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AySA, dentro del Programa de Propiedad Participada actualmente vigente, el cual representa 10% del capital social de la empresa”, sostuvo Adorni.
El vocero remarcó además que “desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional, totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta 2023”.
Agregó que “indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”, e hizo hincapié en los costos operativos: “La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”.
Y dijo que, al asumir, el Gobierno “se encontró que en AySA se gastaron más de 4.800 millones de dólares durante la gestión anterior, destinados a hacer campaña para los funcionarios de turno”, en referencia a la titular de la empresa en la gestión anterior de Alberto Fernández, Malena Galmarini, esposa del excandidato presidencial del peronismo Sergio Massa.
E insistió que “hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.
“Todo este proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia del mismo”, finalizó Adorni.