USHUAIA.- Mediante la resolución 247/15, el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió opinión favorable al crédito de más de 91 millones de pesos, destinados a la construcción del edificio para el Superior Tribunal de Gestiona, el cual gestiona el Gobierno ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR).
De esta forma avanza la posibilidad de concretar el edificio propio para el Poder Judicial, un anhelo que viene de muchos años de los jueces del Superior Tribunal, quienes en los últimos presupuestos previeron créditos para la ejecución de la obra, pero nunca se pudo llegar a concretar el empréstito ante Nación.
El préstamo que pide el Gobierno al FFIR, es por la suma de 91 millones 537 mil 562 pesos; que serán devueltos en 120 cuotas, con una clausula de actualización de las cuotas, en función de la variación del índice de costo de la construcción, nivel general, publicado por el INDEC.
Precisamente, la intervención previa del Tribunal de Cuentas en la tramitación del crédito, obedece a la forma de actualización de las cuotas, de manera que no se considere ello indexatorio y perjudicial para los intereses de la Provincia. Asimismo, se buscó despejar toda duda del límite que establece la Constitución Provincial, respecto al endeudamiento.
El artículo 70 de la Constitución Provincial prohíbe tomar empréstitos, que afecten el 25 por ciento de los recursos ordinarios y que sean destinados a financiar o atender gastos de funcionamiento del Estado Provincial, es decir, a las erogaciones anuales originadas exclusivamente en los gastos de persona, la adquisición de bienes y de consumo y la atención de servicios no personales.
“El convenio respeta ese límite”, indica la resolución emitida el año pasado por el Tribunal de Cuentas, por lo cual no hay impedimento legal y jurídico para seguir adelante con la asistencia financiera que espera el Superior Tribunal.
Respecto al mecanismo que se usará para la actualización del pago de las cuotas del crédito, a favor del FFIR, desde el organismo de control se concluye que el Fondo persigue, con el recupero de los montos prestados a las Provincias que los mismos puedan se utilizados para la financiación de más obras públicas.
“El mantenimiento del un valor constante adecuado específicamente a los incrementos de los costos de los trabajos que constituyen su finalidad, resulta una solución razonable, máxime que se trata de contratos suscriptos entre entes públicos, que tienden a la satisfacción de un único interés general”, indica la resolución del organismo de control.
El edificio Mafalda, sede del Superior Tribunal. Los jueces buscan concretar este año el inicio del espacio propio.