Con un clima tenso se desarrolló la sesión de la cámara; debate, críticas y nuevamente la oposición se retiró del recinto antes de terminar la reunión.
BUENOS AIRES (NA).- El Frente de Todos aprobó ayer en el Senado la nueva Ley de Alquileres que reforma el vínculo entre propietarios e inquilinos, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la sesión en medio de una pelea con el oficialismo.
La nueva norma se votó de forma conjunta con otro proyecto, referido a la suspensión de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y fue sancionada con 41 votos afirmativos y ninguno en contra.
Además del bloque oficialista, acompañaron la sanción de la ley los monobloques de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
El proyecto se votó luego del tratamiento de la ley sobre educación a distancia, el único de los tres proyectos que fue votado por Juntos por el Cambio, que se retiró del recinto por considerar que las otras dos iniciativas no cumplían con el acuerdo de debatir únicamente temas sobre la pandemia, pese a haber manifestado estar de acuerdo con la nueva norma.
La defensa inicial de la Ley de Alquileres estuvo a cargo de la correntina Ana Almirón, quien destacó que la norma “supera la legislación vigente” y propicia “un equilibrio” en la relación contractual entre dueños e inquilinos.
La senadora oficialista sostuvo que “el 17 por ciento de las familias argentinas acceden a la vivienda a través del alquiler” y “casi el 41% del ingreso familiar” se destina a pagar el arrendamiento.
“Esta ley es una respuesta que están esperando más de nueve millones de argentinos. Otorga certeza, agilidad y un balance de poder para todas las partes involucradas”, agregó.
Antes de que la oposición se retirara y se desconectara de la sesión remota, el senador de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni afirmó: “Estamos de acuerdo en el espíritu y la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en su votación porque se trata de un proyecto que está afuera de lo que habíamos acordado para estas sesiones remotas”.
Por su parte, la oficialista Silvina García Larraburu, recordó que ya se la había dado media sanción a un proyecto sobre alquileres pero “lamentablemente, por una decisión del expresidente Mauricio Macri, fue cajoneado”.
“Ahora lo vamos a hacer en nuestro Gobierno. Vamos a legislar para ampliar derechos y garantizarle a las personas el acceso a la vivienda”, destacó la rionegrina.
Los puntos principales
La nueva norma extiende los contratos de alquiler de dos a tres años y señala, además, que la actualización del valor deberá ser anual y ya no semestral, como ocurre actualmente con la mayoría de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Por otra parte, la iniciativa establece que “los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, un punto importante porque evitará la firma de contratos “en negro”.
La AFIP deberá definir el plazo y la forma de esta declaración, pero se trata de un punto central porque obligaría a los propietarios a “blanquear” el ingreso que perciben por el alquiler, algo que generó contrapuntos en discusiones anteriores sobre el tema.
Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los “okupas”, quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados en su “buena fe”.
El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo.
Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio (salario del encargado, limpieza y otros conceptos).
La aclaración es importante debido a que es muy habitual que las expensas extraordinarias aparezcan en 0 y se carguen esos gastos sobre las ordinarias para que sean pagados por los inquilinos.
Además, se reduce el depósito de garantía a un monto equivalente a un mes de alquiler para tratar de evitar que se cobren dos meses o a veces más.
Durante el debate en la Comisión de Legislación General del Senado el último martes hubo sugerencias de cambios al proyecto para evitar que la ley quede sometida a interpretaciones que irían en contra de su espíritu.
Reglamentación de la educación a distancia
Se probó por unanimidad y sancionó con fuerza de ley la reglamentación de la educación a distancia en situaciones excepcionales, y la oposición se retiró luego de la votación, molesta con el oficialismo.
La iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor pero hubo muy pocas referencias al tema en cuestión, debido a que el debate estuvo atravesado por la pelea entre el oficialismo y la oposición por el tratamiento de temas ajenos a la emergencia sanitaria, algo que fue cuestionado por Juntos por el Cambio.
La oposición votó a favor del proyecto de educación a distancia y luego se retiró de la sesión, por entender que los otros dos proyectos (Ley de Alquileres y suspensión de las Sociedades Anónimas Simplificadas) estaban por fuera del protocolo para las sesiones virtuales en el maco de la pandemia.
La senadora oficialista Cristina López Valverde fue la defensora inicial del proyecto y destacó la “mirada federal” de la iniciativa, “en la que todas las jurisdicciones van a dar su visión”, al tiempo que subrayó que la educación a distancia se dará “en un tiempo de excepcionalidad”.
“Se ha planteado esto de educación a distancia versus educación presencial. Nos hemos dado cuenta de de que la educación presencial es irremplazable”, agregó la legisladora sanjuanina.
Por su parte, la jujeña Silvia Giacoppo, de Juntos por el Cambio, pidió “que esta ley de educación llegue a los pueblos originarios”, mientras que la santacruceña Ana Ianni, del Frente de Todos, expresó: “Hemos recuperado la presencia del Estado para garantizar el derecho a la educación, un Ministerio de Educación que pone en valor la tarea educativa”.
En tanto, su par de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni consideró: “Este proyecto no debe quedar en el enunciado y avanzar también sobre las desigualdades porque no es homogénea la posibilidad de acceso a internet”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por Diputados, modifica la Ley de Educación Nacional (26.206) establece que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos solo pueden impartirse a partir de los 18 años”, mientras que “para la modalidad rural” podrán adoptarse para el secundario.
En cambio, señala que ese sistema podrá adoptarse “transitoriamente” en los niveles de educación obligatoria para menores de 18 años o cuando “la escolaridad presencial sea inviable y únicamente en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.