Con una nueva ronda de invitados la Cámara de Senadores continuó ayer con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, aunque aún no se avanzó en la firma del dictamen, que podría ser mañana.
BUENOS AIRES (NA).- Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
La reunión informativa pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16:00 cuando, según adelantó Sacnun, se “analizarán las distintas reformas” propuestas por los legisladores, aunque no precisó si está previsto que se firmen dictámenes.
El primero en exponer fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier de Luca, quien consideró que “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera reforma está iniciada y comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”.
De Luca explicó que “el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura”.
“Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales”, expresó.
Sobre el traspaso de la Justicia Penal a la CABA, remarcó que “los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo”.
A su turno, la exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Lucila Larrandart afirmó que la discusión del proyecto “es una oportunidad para que los legisladores den cuenta del deterioro de la justicia”.
“Nunca he visto el nivel de arbitrariedad y falta de justicia como el actual. Me refiero a la Justicia Federal, a Comodoro Py”, agregó.
A su turno, el exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.3 Miguel Caminos, alertó que “este proyecto debilita a una justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”.
Por su parte, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, Ricardo Rojas, advirtió que “poner la justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento, es un peligro”.
Muy crítico, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, evaluó que “el proyecto sólo consiste en un aumento de órganos judiciales”, y consideró que “carece de una base empírica”, por lo que pidió que sea “reconsiderado en su totalidad”.
También disertaron este martes en el Senado el representante del Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; y el exjuez federal Carlos Rozanski; entre otros expositores.