A partir de las nuevas facultades otorgadas al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, se atenderá el pedido de las industrias para morigerar los costos de servicios que se prestan en la terminal. El objetivo de la medida es “preservar los puestos de trabajo”, dijo el titular del organismo, Néstor Lagraña.
USHUAIA.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Néstor Lagraña, brindó algunos pormenores de las facultades que le fueron otorgadas a partir de la derogación de un Decreto del año 1996, sobre la posibilidad de reducir costos en el servicios a las industrias de todos los rubros que tienen fábricadas radicadas en Tierra del Fuego, al amparo de la Ley 19.640.
Lagraña aclaró que la medida alcanzará a todo lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores y mercaderías dentro de la terminal portuaria que están destinadas al sector industrial.
Sostuvo que “hay casos de empresas textiles que por diversos motivos como ser la actual situación de crisis que vive el sector, no han podido retirar sus insumos y mercaderías del Puerto” lo que consecuentemente “les genera deudas”.
Indicó que “desde la Dirección de Puertos quisimos colaborar ante este complejo panorama por el cual están atravesando, y sobre todo, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo”.
Lagraña agregó también que para que las empresas puedan acceder a estas exenciones “se llevará adelante un proceso administrativo con el correspondiente expediente”.
Cabe puntualizar que con la firma del Decreto 60/19, fue derogado su par 787 que estaba vigente desde el año 1996, el cual reglamentaba el articulo 6 de la ley 69, para regular las facultades del Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, para conceder “quitas y esperas”, conforme autorización legal de la norma de creación del ente portuario.
Hasta la vigencia de la normativa derogada que dada de hace más de veinte años, el beneficio de exención de tarifas resultaba procedente únicamente cuando se tratara de “bienes y/o servicios afectados a entidades oficiales o de bien público, cuando existieran casos de necesidad y/o asistencias comunitarias, fines sociales, altruistas y/o solidarios y, por último, en caso de catástrofes o infortunios”.
Ahora, con la nueva medida que se puso en vigencia a partir de enero de este año, se busca atenuar en parte la grave crisis que atraviesa el sector industrial de la provincia, especialmente el rubro textil, debido a la gran caída de la demanda, y con el objetivo de preservar las fuentes de trabajo.
